El paro de 24 horas convocado por los sindicatos del transporte se ha convertido en un contundente llamado de atención al gobierno de Javier Milei. Liderado por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el paro va más allá de una simple medida de fuerza sectorial; se trata de una manifestación que reivindica derechos fundamentales de los trabajadores y cuestiona las políticas del Gobierno, que, según los gremios, atentan contra las condiciones de vida de millones de argentinos.
Con el respaldo de otros gremios en conflicto, como los estatales, docentes y universitarios, la protesta refleja una creciente disconformidad hacia una gestión que, aseguran, está deteriorando la educación, la salud y el bienestar social. Los sindicatos han encontrado en Moyano una figura sólida y comprometida, dispuesta a enfrentar el embate oficial que busca debilitar el derecho a la huelga. “Es un momento de resistencia, de ponerse al frente para defender a los trabajadores y sus familias”, enfatizó Moyano en la víspera de la movilización, posicionándose como un referente indiscutible de los derechos laborales y de la lucha sindical.
Lejos de respaldar el legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse, el gobierno nacional ha respondido con amenazas y advertencias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comprometió a “garantizar la libertad de trabajo” y a evitar bloqueos, una postura que los sindicatos califican de represiva y que consideran un ataque directo a sus derechos constitucionales. “Este gobierno no quiere escuchar a los trabajadores, solo busca acallarlos”, afirmaron desde la Mesa Nacional del Transporte, compuesta por referentes de sindicatos clave como La Fraternidad, SOMU, los metrodelegados y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
Mientras el paro se extiende por los trenes, aviones, subtes, camiones y barcos, se suman más voces de sectores golpeados por las políticas gubernamentales. Rodolfo Aguiar, de ATE, se dirigió a una multitud de trabajadores, destacando que “esta medida de fuerza refleja el consenso y la legitimidad que tiene entre los trabajadores y la sociedad en su conjunto. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de un gobierno que destruye nuestras conquistas”.
Además de ATE, los movimientos sociales como el Polo Obrero y la UTEP han organizado más de 500 cortes de calles y ollas populares en todo el país, desde Plaza Constitución en Buenos Aires hasta ciudades en el interior. Estos actos, que buscan visibilizar la realidad de los sectores más golpeados por el ajuste, desafían el llamado protocolo antipiquetes y remarcan la resistencia del pueblo trabajador.
La respuesta de la CGT fue dividida, con un sector más dialoguista que optó por no adherirse, mientras que los sindicatos alineados con el moyanismo y el kirchnerismo reafirmaron su compromiso con la lucha. “No estamos dispuestos a renunciar a los derechos que nos ha costado décadas de esfuerzo y sacrificio conquistar”, señalaron en un comunicado conjunto gremios como UOM, SMATA, gráficos y bancarios, entre otros.
Moyano, Biró y otros líderes sindicales han dejado claro que esta protesta es solo el comienzo de una resistencia organizada ante un modelo económico que, en su opinión, busca desmantelar el rol del Estado y priorizar un mercado sin control, poniendo en riesgo el futuro de millones de trabajadores. Este paro es un acto de defensa de los derechos laborales, de la dignidad y del futuro de los argentinos.