La presentación del nuevo proyecto de reforma laboral por parte del Gobierno nacional desató una reacción inmediata en el movimiento obrero. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (F.T.C.I.O.D y A.R.A) lanzó un comunicado que, lejos de la tibieza, expone un diagnóstico contundente: lo que la Casa Rosada describe como “modernización”, el gremio lo interpreta como un ataque directo al corazón de los derechos laborales construidos durante generaciones.
En un escenario político marcado por la tensión social y el deterioro del empleo, los aceiteros aseguran que el proyecto oficial —191 artículos distribuidos en 71 páginas— profundiza la desigualdad entre capital y trabajo. El documento advierte que la iniciativa “fortalece la posición patronal” y suprime mecanismos esenciales de protección sindical y colectiva.
Según la Federación, la reforma opera en tres frentes simultáneos. El primero, una “multimillonaria transferencia de recursos” del sistema previsional hacia un nuevo Fondo de Asistencia Laboral, concebido como una reedición obligatoria del fallido Fondo de Cese de la Ley de Bases. Lejos de beneficiar al empleo, sostienen que será un subsidio directo a los empleadores para despedir más barato, con un costo que —calculan— ascenderá a entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, drenados de la ANSES y de las obras sociales sindicales.
El segundo eje apunta al corazón mismo de la organización gremial. Los aceiteros cuestionan que el proyecto reintroduce cláusulas del DNU 70/23 —ya declarado inconstitucional— y del decreto 340/25 sobre “servicios esenciales”. Afirman que estas medidas convierten al derecho de huelga en un acto prácticamente inviable, al exigir servicios mínimos del 50% al 75% incluso en actividades que históricamente no fueron consideradas críticas. “Desnaturaliza la protesta y convierte al trabajador en rehén”, expresaron dirigentes consultados.
El tercer vector afecta la dinámica diaria en las plantas. La creación del “banco de horas”, una herramienta celebrada por el sector empresario, es leída por la Federación como la vía para romper la limitación de la jornada laboral, forzando horas extras sin su correspondiente pago y condicionando el descanso al arbitrio empresarial. Para los aceiteros, no solo se flexibiliza la jornada: se compromete la salud psicofísica de quienes sostienen la producción.
La organización gremial recuerda que la experiencia reciente desmiente el argumento oficial de que la flexibilización genera empleo. Tras la reforma parcial incluida en la Ley de Bases de 2024, aseguran, se destruyeron casi 300.000 empleos registrados y cerraron miles de establecimientos industriales. Por eso alertan: “Lo que llaman modernización es retroceso”.
La entidad rechaza también que se promuevan convenios por empresa por sobre los acuerdos por actividad, una maniobra que —sostienen— atomiza la fuerza sindical y rompe los pisos mínimos de derechos.
El comunicado cierra con un mensaje inequívoco: la Federación ratifica que no cederá ante cambios que, a su criterio, buscan “disciplinar” al mundo del trabajo y allanar el camino para un mercado sin reglas. Y anticipa que defenderá sus conquistas con todas las herramientas constitucionales a su alcance, con la huelga en primer plano.
En un clima económico frágil y con el tejido laboral en retroceso, la resistencia de los aceiteros suma tensión a una discusión que promete convertirse en uno de los grandes conflictos del verano político.