En la antesala de la movilización convocada para este jueves, la CGT denunció provocaciones del Gobierno, rechazó el intento de criminalizar la protesta y exigió garantías plenas de seguridad para las y los trabajadores que se movilizarán en defensa de sus derechos y contra el ajuste.
En un comunicado de fuerte contenido político y sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la movilización prevista para este jueves 18 de diciembre contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional y advirtió que manifestarse libremente es una garantía constitucional que debe ser resguardada por el Estado. La central obrera puso el foco en un reclamo central: que se garantice la seguridad de los manifestantes y que no exista ningún tipo de represión.
La CGT expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo que, según denunció, lejos de contribuir a un clima de convivencia democrática, funcionan como una provocación directa hacia las trabajadoras y los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable.
El documento sostiene que la protesta social no es un delito, sino una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social. En ese sentido, el movimiento obrero organizado reafirmó que ejercerá su derecho constitucional dentro del marco de la ley, como lo ha hecho históricamente, con compromiso democrático y responsabilidad social.
La central sindical alertó además sobre los riesgos de instalar discursos estigmatizantes e intimidatorios desde el propio Estado, al considerar que ese tipo de mensajes solo profundizan la confrontación social y ponen en peligro la paz pública en un contexto ya marcado por el ajuste económico y la pérdida de derechos laborales.
Uno de los puntos más contundentes del comunicado es la exigencia directa al gobierno nacional para que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización. La CGT fue clara al reclamar que las autoridades se abstengan de cualquier accionar represivo y asuman su obligación institucional de proteger el derecho a manifestarse.
En la previa de la marcha, el pronunciamiento sindical deja al descubierto el clima de tensión que rodea a la Reforma Laboral y expone el rechazo del movimiento obrero a un proyecto que considera regresivo y funcional a la precarización del trabajo.
Con la convocatoria ya en marcha, la CGT vuelve a posicionarse como un actor central en la defensa de los derechos laborales y la democracia, y envía un mensaje inequívoco al Gobierno: la calle será el escenario del reclamo, pero la responsabilidad de que no haya represión ni violencia recaerá exclusivamente sobre el Estado.