Las advertencias del secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de San Lorenzo, Rubén Pérez, apuntan a un punto central: la modificación de la Ley 26.020 mediante el Decreto 446/2025 implica la pérdida de los controles que, hasta ahora, el propio Estado ejercía de manera indelegable sobre el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Para el gremio, lejos de mejorar el servicio, la medida abre un escenario claramente regresivoCon la posibilidad de cerrar los centros de clearing en todo el país, el sistema deja de contar con los espacios donde se clasificaban los envases y se verificaba su estado. Allí se realizaban controles técnicos esenciales, como las pruebas hidráulicas y los ensayos decenales, que garantizaban que las garrafas cumplieran con las normas de seguridad vigentes. Sin ese esquema, advierten, se rompe una cadena de control que era responsabilidad directa del Estado nacional.
El nuevo marco habilita el canje directo de envases entre empresas, sin supervisión oficial. En la práctica, esto implica que ya no habrá un organismo que verifique la calidad de los recipientes, el cumplimiento de los plazos de uso, ni el estado real de los envases que llegan al consumidor. “Sin control estatal, la seguridad, la eficiencia y la calidad del producto se deterioran”, remarcan desde el sindicato.
Pérez fue categórico al señalar que esta desregulación no representa una mejora del servicio, sino todo lo contrario. Según describió, hoy ya se detectan irregularidades como garrafas con menos peso del declarado, envases vencidos en circulación y productos que no cumplen con la composición que se informa en la venta. Con la retirada del Estado, esas prácticas quedarían libradas únicamente a la “buena voluntad” empresaria.
El impacto, sostienen, recae directamente sobre el consumidor, que pierde garantías básicas: no saber si compra la cantidad exacta de kilos, si el gas cumple con la calidad ofrecida o si el envase es seguro para su uso doméstico. A eso se suma el riesgo de siniestros, en un producto que exige controles estrictos por su peligrosidad.
La medida también tiene un fuerte costo social. El gremio denunció que entre 82 y 85 trabajadores de todo el país, encargados de tareas de fiscalización y control, quedarán despedidos a partir del próximo año como consecuencia directa del cierre de los centros de contralor.
En síntesis, desde el sindicato advierten que el decreto no apunta a mejorar la eficiencia ni a optimizar el servicio, sino que elimina controles esenciales que el Estado venía ejerciendo. El resultado, alertan, será una pérdida de seguridad, calidad y transparencia en el mercado del GLP, con consumidores más desprotegidos y trabajadores expulsados del sistema. Para el sector, se trata de una decisión “para peor”, cuyos efectos se sentirán tanto en los hogares como en la seguridad pública.