Un goteo que no se detiene. Un número que crece mes a mes y que ya no cabe en planillas ni gráficos. Detrás de cada cifra hay oficinas vacías, escritorios apagados y familias que buscan respuestas. El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, pone cifras al ajuste: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025 se perdieron 64.649 puestos de trabajo en el Estado nacional.
La caída equivale al 18,8 por ciento de la planta total. Traducido en tiempo cotidiano: casi 80 trabajadores menos por día desde el inicio de la actual administración. Un promedio que, lejos de ser abstracto, se refleja en ventanillas cerradas, turnos postergados y servicios resentidos.
El recorte no fue homogéneo. En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. Sin embargo, cuando se analiza el impacto proporcional, la administración centralizada aparece como la más golpeada. Para el CEPA, el dato no es menor: expone un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Entre las empresas estatales, el caso más significativo en números absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.331 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637 cesantías; el Banco de la Nación Argentina, con 2.234 trabajadores menos; y Aerolíneas Argentinas, que registra 1.872 desvinculaciones.
Pero el impacto más brutal, en términos proporcionales, se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 por ciento del personal. La cifra estremece: cuatro de cada cinco trabajadores dejaron de cumplir funciones. El ajuste también golpeó con fuerza a ENARSA Patagonia y a firmas como Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas.
En el corazón mismo de la Administración Pública Nacional —que incluye organismos desconcentrados y descentralizados— el informe señala como caso más relevante en términos absolutos a ARCA, con 3.329 puestos eliminados. Le siguen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con 2.267 despidos, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que redujo su planta en 1.717 trabajadores.
El mapa se vuelve aún más dramático cuando se observa el porcentaje de recorte. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64,2 por ciento de su dotación. La Junta de Seguridad en el Transporte sufrió una reducción del 48,3 por ciento. Y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas vio disminuir su personal en un 46 por ciento.
La discusión excede el plano laboral. Para el CEPA, la magnitud del ajuste redefine el rol del Estado en áreas sensibles: ciencia, transporte, comunicación pública, seguridad social y políticas sociales. Cada baja no sólo implica un salario menos, sino también una tarea que deja de realizarse o se redistribuye entre menos manos.
Mientras los números se multiplican en informes y debates parlamentarios, el impacto se percibe en los pasillos vacíos y en la incertidumbre de miles de hogares. El Estado se achica a un ritmo vertiginoso. La pregunta que sobrevuela es si la estructura que queda podrá sostener las funciones que la sociedad aún demanda.