La política tarifaria impulsada por el gobierno de Javier Milei acelera la transferencia de recursos hacia las grandes empresas energéticas y la quita de subsidios, golpeando salarios, pymes y hogares. Este informe de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner plantea una lectura crítica sobre el costo social de estas medidas y convoca a pensar en una alternativa que proteja a la gente común, destacando el papel del peronismo como eje de defensa de los trabajadores y los servicios públicos.
La política tarifaria impulsada por el gobierno de Javier Milei acelera la transferencia de recursos hacia las grandes empresas energéticas y acelera la quita de subsidios, golpeando salarios, pymes y hogares. En este contexto, crece una pregunta: ¿qué país quiere Milei cuando la factura de servicios públicos se dispara y la actividad económica se contrae? Frente a este ajuste, muchos llaman a reivindicar al peronismo como bandera de una economía que proteja a la gente común.
El escenario es conocido: una economía que ya venía golpeada por la inflación y la incertidumbre política, enfrenta ahora una fuerte aceleración de las tarifas de los servicios públicos. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la factura final promedio del gas natural por red para hogares residenciales experimentó un aumento astronómico, cercano a cifras que rozan el 800%, según los datos que circulan en informes y debates públicos sobre el tema. En el comercio y las pymes, el impacto fue aún mayor en ciertos momentos. La electricidad, por su parte, no se quedó atrás: subidas de más de la mitad en promedio para hogares y también para la industria y el comercio.
La crítica no es meramente económica: se trata de un sesgo estructural que golpea con mayor fuerza a quienes menos pueden resistirse al incremento de costos. Los hogares de menores ingresos, las pequeños comercios y las empresas que recién inician su actividad se ven obligados a elegir entre cerrar o ajustar presupuesto en rubros básicos, mientras que las grandes empresas energéticas supieron, en esta lógica, conservar sus márgenes y, en algunos casos, expandirlos gracias a la reducción de subsidios que el FMI enarbola como meta de política macroeconómica.
Queda, entonces, la pregunta sobre el objetivo último de estas medidas. Si la intención es cumplir con metas de consolidación fiscal y reducción de subsidios exigidas por organismos internacionales, ¿a qué costo se mide el bienestar de la gente común? Las cifras de la factura de servicios, que se elevan mes a mes, funcionan como un termómetro social: muestran no solo la salud de una economía, sino la calidad de la vida cotidiana de pares que ya venían lidiando con la volatilidad de precios y la inseguridad laboral.
La narración oficial insiste en que la medida es necesaria para estabilizar las cuentas y para incentivar una transición hacia un modelo más “productivo” y competitivo. Pero la crónica de campo y de calle cuenta otra historia: empresas que planifican inversiones menos en función del consumo y más en función de la capacidad de sostener costos operativos; trabajadores que ven menguar su poder adquisitivo y recurren a recortes que impactan directamente en la vida familiar; comunidades donde la disponibilidad de servicios básicos se percibe ahora como un privilegio que depende de cada mes.
En este marco, voces que reclaman una alternativa política se organizan con un hilo conductor claro: la defensa del salario real, la generación de empleo y la protección de quienes tienen menos margen para tolerar incrementos estructurales. El peronismo, a quienes invoca este debate, aparece como una referencia para muchos sectores que buscan un eje de política pública centrado en la dignidad del trabajo y la equidad distributiva. No es casualidad que resurja como voz en defensa de servicios públicos accesibles y de una visión que priorice al trabajador, al pequeño comerciante y a la familia para la que cada peso cuenta.
En un momento de fuertes tensiones fiscales y sociales, la lectura de la historia reciente trae a la mesa una advertencia: políticas de corte tarifario extremo pueden erosionar la base productiva y la cohesión social si no se acompasan con derechos y compensaciones reales. El debate no se reduce a consignas o a la defensa ciega de una etiqueta partidaria, sino a la pregunta de qué modelo económico ofrece certezas, inversión y protección a la gente común.
Muchos sostienen que la madre de la producción es el consumo sostenido y que, para sostenerlo, hacen falta políticas que prioricen a quienes mueven la economía desde abajo hacia arriba. En esa lógica, reivindicar al peronismo no es solo volver a un pasado, sino defender un conjunto de principios que buscan distribuir mejor la riqueza, proteger a los trabajadores y garantizar que los servicios esenciales permanezcan al alcance de todos.
La factura que llega a cada hogar no es solo un número: es un relato de quién paga el costo de una economía que parece haber olvidado a la gente. Frente a ello, la ciudadanía está llamada a debatir, a exigir responsables y a mirar con ojo crítico las recetas que prometen “soluciones rápidas”. Si el objetivo es una economía con más empleo, menos desigualdad y servicios públicos confiables, quizá sea momento de mirar hacia propuestas que permitan un equilibrio entre estabilidad macro y protección social, donde el peronismo siga jugando un papel central en la defensa de la dignidad de los trabajadores y de la clase media trabajadora.