El Gobierno tuvo que retroceder y derogar el decreto que limitaba el derecho a huelga. La presión sindical, el fallo judicial y el rechazo legislativo marcaron un freno al ajuste libertario en detrimento de los trabajadores.
El Gobierno de Javier Milei sufrió un golpe político y social al verse obligado a dar marcha atrás con cinco decretos, entre ellos el DNU 340/25, que escondía una reforma laboral destinada a restringir el derecho a huelga en sectores clave como transporte, educación, salud y servicios públicos.
La decisión quedó oficializada este miércoles con la publicación de los decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo anuló las medidas que habían sido rechazadas en ambas cámaras del Congreso. La oposición y los gremios habían denunciado que los cambios pretendían desnaturalizar un derecho consagrado en la Constitución.
“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25”, establece uno de los textos publicados. El otro decreto dejó sin efecto el DNU 340/25, que bajo el argumento de regular a la Marina Mercante había intentado avanzar sobre el derecho a huelga al declarar como “esenciales” diversas actividades.
La norma caída imponía que, en caso de medidas de fuerza, los servicios esenciales garantizaran una cobertura mínima del 75% y los considerados de “importancia trascendental” un 50%. Para sindicatos y especialistas en derecho laboral, aquello no era más que un intento de vaciar de contenido la herramienta histórica de la protesta sindical.
La Justicia ya había suspendido provisoriamente esos artículos a partir de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), medida que fue avalada por la Cámara Nacional del Trabajo en julio. Ahora, la anulación definitiva marca un triunfo para el movimiento obrero.
Entre los sectores alcanzados por la frustrada reforma se encontraban la producción industrial, el transporte, la salud, la educación y hasta los medios de comunicación, todos rubros donde los sindicatos habían advertido que se trataba de un retroceso en materia de derechos laborales.
El retroceso de Milei confirma que, más allá del ajuste y las imposiciones del Ejecutivo, los derechos de los trabajadores cuentan todavía con una barrera de contención en la movilización gremial, el Congreso y la Justicia.
La derrota del Gobierno deja en claro que, en medio de la crisis económica, el ajuste no puede pasar por encima de conquistas históricas que forman parte del patrimonio democrático y social de la Argentina.