Un amplio arco de organizaciones sindicales expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que calificaron como “regresivo” y comparable, por la magnitud de los derechos que deroga, con la reforma aplicada durante la última dictadura cívico-militar de 1976. La postura quedó plasmada en una solicitada conjunta que advierte sobre un profundo retroceso en materia de derechos laborales.
Según el documento, la iniciativa oficial no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, denuncia que el proyecto sería el resultado de negociaciones políticas realizadas “a espaldas del pueblo trabajador”, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar apoyos legislativos por beneficios coyunturales para sus provincias.
Las entidades firmantes sostienen que la propuesta implica la entrega de derechos históricos a cambio de “migajas” y compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los puntos más cuestionados enumeran la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de despidos con recursos de la seguridad social y un ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva.
También advierten sobre la institucionalización de un techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de soberanía sobre el tiempo de trabajo. Para las organizaciones, no existe ningún aspecto del proyecto que contribuya a la creación de empleo genuino ni a la mejora de la calidad laboral, sino que responde a un modelo económico basado en salarios bajos y empleo precario.
En ese sentido, señalan que la reforma es funcional al esquema económico del presidente Javier Milei, al facilitar despidos, debilitar las paritarias y fragmentar la negociación colectiva. “Para desmantelar el tejido industrial necesitan eliminar derechos laborales y restringir la protesta”, sostienen en el texto.
Frente a este escenario, los sindicatos remarcan que cualquier discusión sobre el mundo del trabajo debe tener a las y los trabajadores en el centro y apuntar al fortalecimiento del sistema protector del derecho laboral, y no a su desmantelamiento.
Como respuesta, las organizaciones anunciaron el inicio de un Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva. Las primeras medidas incluyen una movilización el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y otra el 10 de febrero en Rosario, con acciones previstas en distintos puntos del país.
La convocatoria está dirigida a trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, formales e informales, cuentapropistas, jubilados y jubiladas, con el objetivo de defender los derechos laborales y participar activamente de las medidas de resistencia. “El futuro del trabajo se decide con nosotros. Nada de los trabajadores sin los trabajadores”, concluye la solicitada, que lleva la firma de más de un centenar de organizaciones sindicales de todo el país.