El proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo en el Consejo de Mayo plantea la eliminación de la ultraactividad, restringe el derecho a huelga, recorta el financiamiento sindical y debilita la figura del delegado. Las centrales obreras hablan de un intento por desmontar el sistema de derechos colectivos conquistados desde mediados del siglo XX.
El Gobierno de Javier Milei prepara el mayor rediseño del sistema laboral argentino desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo. El borrador del proyecto de reforma que circula en el Consejo de Mayo revela un programa de flexibilización profunda, que apunta al corazón de los convenios colectivos, al poder de negociación sindical y a la estructura de financiamiento que sostiene a las organizaciones obreras. Lo que desde el oficialismo se presenta como “modernización”, en los hechos configura un retroceso en derechos adquiridos y una alteración drástica del equilibrio entre trabajadores y empleadores.
En el nuevo esquema propuesto, la ultraactividad —que garantiza la vigencia de los convenios aun después de su vencimiento— desaparece, forzando renegociaciones bajo presión y dejando a miles de empleados expuestos a vacíos normativos. También se redefine la jerarquía entre convenios, otorgando prevalencia a los acuerdos por empresa sobre los sectoriales, lo que facilita la fragmentación y la pérdida de condiciones uniformes.
El texto modifica asimismo la Ley de Asociaciones Sindicales, introduciendo limitaciones severas a la acción gremial. Las asambleas y congresos deberán realizarse con autorización del empleador y sin afectar la actividad productiva; los bloqueos o tomas de planta serán considerados infracciones graves, y los dirigentes podrán enfrentar sanciones civiles y penales. De esta manera, prácticas históricas de protesta —como los paros y ocupaciones— quedarían bajo riesgo de criminalización.
Otro punto crítico es el financiero. Se eliminan los aportes solidarios y se condiciona el cobro de cuotas sindicales a acuerdos expresos y revocables. El patrimonio gremial dependerá así únicamente de la voluntad individual de los afiliados, una medida que amenaza la sustentabilidad económica de las entidades más pequeñas. “Esto no es una modernización, es un desarme del sindicalismo argentino”, advirtieron fuentes gremiales en reserva.
La figura del delegado también sufre un recorte. Se reduce el número de representantes por planta, se restringen los créditos horarios y se acorta el período de estabilidad posterior al mandato. Los candidatos suplentes, congresales y militantes de base pierden la protección que durante décadas les permitió actuar sin miedo a represalias empresariales.
El proyecto además impone un procedimiento exprés para disputas de encuadramiento sindical, prohibiendo medidas de fuerza durante su tramitación y suspendiendo cualquier innovación del empleador. La combinación de estos mecanismos limita severamente la capacidad de respuesta ante conflictos.
En conjunto, las reformas delinean un nuevo mapa laboral: uno donde la negociación colectiva se atomiza, la protesta se penaliza y los sindicatos pierden autonomía económica y política. La estrategia oficial parece orientada a debilitar el poder organizativo de los trabajadores en nombre de la competitividad y la libertad de contratación.
Aún sin haber sido oficializado, el borrador ya encendió las alarmas en el movimiento obrero. Desde la CGT y las dos CTA se preparan para resistir “una ofensiva que apunta a borrar setenta años de conquistas sociales”. En los próximos días, las centrales definirán un plan de acción conjunto, convencidas de que lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro mismo del derecho laboral argentino.