Mientras el Senado debate el proyecto impulsado por el Gobierno, el economista jefe del CEPA, Hernán Letcher, aseguró a El Delegado que la iniciativa no mejora salarios ni genera empleo y que implica una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las grandes empresas.
En medio de una sesión cargada de tensión política, el oficialismo volvió a presentar la reforma laboral como una herramienta de “modernización”, creación de empleo y mejora salarial. Sin embargo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) salieron a refutar punto por punto esa narrativa. El economista jefe de la entidad, Hernán Letcher, fue categórico: “No hay ningún beneficio real para los trabajadores. Lo que hay es una reducción de derechos históricos y un abaratamiento del costo laboral”.
Según el análisis difundido por CEPA y al que accedió El Delegado, uno de los principales ejes del discurso oficial —que el trabajador “va a cobrar mejor”— es, en los hechos, falso. El proyecto habilita jornadas extendidas de hasta 12 horas consecutivas, establece bancos de horas que en la práctica eliminan el pago de horas extras y permite reducir el salario tras accidentes o enfermedades. Además, introduce el concepto de “salario dinámico”, con mayor peso de componentes variables definidos por el empleador, lo que implica menor previsibilidad y mayor discrecionalidad patronal.
“Se flexibiliza la jornada, se desnaturaliza el pago de horas extras y se debilita el salario fijo. Es exactamente lo contrario a mejorar el ingreso”, sostuvo Letcher.
Otro de los argumentos oficiales apunta a que la norma favorecería a las pymes. No obstante, el informe de CEPA indica que el 92 por ciento del beneficio de la reducción del Impuesto a las Ganancias alcanza apenas a 12 mil grandes empresas. Para las pequeñas y medianas, el impacto sería marginal. “La experiencia reciente demuestra que no hubo alivio real para las pymes. De hecho, desaparecieron más de 20 mil”, remarcó el economista.
En cuanto a la promesa de generación de empleo, desde CEPA advierten que la evidencia empírica va en sentido contrario. La eliminación de sanciones por trabajo no registrado, la ampliación del período de prueba, el fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional y la posibilidad de declarar “colaboradores” a trabajadores bajo esquemas más precarios no garantizan más puestos de trabajo “El empleo crece cuando crece la economía y cuando los sectores dinámicos demandan mano de obra. No por bajar derechos”, subrayó Letcher.
La reforma también excluye expresamente a los trabajadores de plataformas digitales, que quedarían bajo el Código Civil y Comercial, sin protección laboral específica. En un contexto donde ese sector creció como refugio ante la caída del empleo formal, la decisión es leída como una consolidación de la precarización.
El punto más sensible, sin embargo, es el que refiere a los derechos adquiridos. De acuerdo con el documento de CEPA, se debilita la protección frente al despido arbitrario, se reemplazan indemnizaciones plenas por fondos de cese, se reduce la previsibilidad horaria, se afecta el derecho al descanso, se limita el alcance de los convenios colectivos y se ponen en riesgo aportes destinados a la seguridad social CEPA – DESMINTIENDO LOS MITOS D…. “Se están desmontando conquistas logradas en más de cien años de lucha sindical”, enfatizó Letcher.
Desde la entidad también rechazan la idea de que se trate de una reforma “novedosa”. Señalan que muchos de los instrumentos ya fueron impulsados en los años ’90 y durante otras administraciones: reducción de contribuciones patronales, blanqueos, ampliación del período de prueba y prevalencia de acuerdos individuales sobre convenios de actividad. “Es un refrito de experiencias que ya fracasaron”, definió el economista.
Finalmente, CEPA advierte que el denominado Fondo de Asistencia Laboral podría desfinanciar jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares, además de afectar la masa coparticipable que reciben las provincias.
Mientras el Senado se apresta a votar, el debate trasciende lo técnico y se instala en el terreno político y social. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia la “modernización”. Para los críticos, es un retroceso estructural que altera el equilibrio entre capital y trabajo. En ese escenario, la discusión no es sólo sobre empleo: es sobre el modelo de país y el lugar que ocuparán los derechos laborales en la Argentina que viene.