La Confederación General del Trabajo intensificó en las últimas horas una ronda de negociaciones políticas con senadores considerados clave para intentar bloquear o, al menos, desactivar los artículos más regresivos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera apuesta a que el debate parlamentario exponga los costos sociales de una iniciativa que, bajo el discurso de la “modernización”, avanza sobre derechos históricos de los trabajadores.
Según reflejaron distintos medios nacionales, desde Página/12 hasta Ámbito Financiero y El Destape, la conducción cegetista mantiene contactos permanentes con legisladores de bloques dialoguistas y del peronismo federal, preocupados por el impacto que tendría la reforma en el empleo registrado, la negociación colectiva y la estabilidad laboral. El foco está puesto en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita acuerdos para avanzar.
Desde la CGT advierten que el proyecto oficial no apunta a generar empleo genuino, sino a abaratar despidos, debilitar a los sindicatos y consolidar un esquema de precarización laboral a gran escala. “No es una reforma, es una regresión”, repiten en privado y en público los dirigentes sindicales, que consideran que Milei pretende saldar una vieja deuda con los sectores empresariales más concentrados a costa de los trabajadores.
La ofensiva sindical se da en un contexto de creciente malestar social. Tal como señalaron análisis publicados en Clarín y Perfil, incluso algunos senadores que acompañaron leyes clave del Ejecutivo comenzaron a expresar reparos frente a una reforma que podría detonar conflictos laborales masivos y profundizar la caída del consumo. Ese escenario abre una ventana de oportunidad para la estrategia de la CGT, que busca trasladar la discusión del terreno ideológico al impacto concreto en la vida cotidiana.
En ese marco, la central obrera no descarta endurecer su postura si el Gobierno insiste en avanzar sin consensos. La advertencia de nuevas medidas de fuerza sobrevuela las negociaciones y funciona como recordatorio de que el conflicto social no se resuelve por decreto. Para la CGT, frenar la reforma laboral no es solo una disputa legislativa, sino una línea de defensa frente a un modelo que concibe al trabajo como un costo y no como un derecho.