(Pablo Roma) – Tras la derrota, varios mandatarios regionales cambian de discurso y se suman a la figura que antes cuestionaban. ¿Es lealtad a sus provincias o mero oportunismo político? Un análisis crítico sobre las alianzas improvisadas y la erosión de la institucionalidad.(Pablo Roma) –
En un tablero político que ya parecía fragmentado, la decisión de ciertos gobernadores de abrazar a Milei tras las urnas revela una táctica de corto plazo que pone en jaque la promesa de autonomía y liderazgo responsable. La transición parece menos una defensa de sus provincias y más una recalibración de su influencia ante un nuevo escenario nacional.
Lo que comenzó como una campaña de gestión regional, con planes y presupuestos adaptados a realidades locales, se metamorfosea ahora en una adhesión que prioriza la figura mediática por sobre las agendas específicas de cada territorio. El discurso de la “unidad” se diluye cuando la fidelidad institucional parece reducible a un cálculo electoral.Este giro no es un hecho aislado: es una señal de que la gobernabilidad local está cada vez más sujeta a consensos de alto perfil y menos a planes concretos de desarrollo.
Cuando los gobernadores optan por la figura central que promete soluciones rápidas, arriesgan dejar en segundo plano las problemáticas estructurales de sus electores: seguridad, empleo, educación y salud con una mirada de largo plazo.La crítica no es contra la figura nacional per se, sino contra el exceso de dependencia de liderazgos que, en vez de consolidar políticas coherentes, buscan ales de popularidad fugaz.
El riesgo es evidente: la provincia se ve obligada a navegar en un entorno de alianzas cambiantes, donde las prioridades pueden desplazarse según el vaivén de las encuestas y las grietas internas de la oposición.Además, está la cuestión de la legitimidad. ¿Qué mensaje envían estos movimientos a aquellos que confiaron en gobiernos regionales como garantes de certezas y continuidad? Si la credibilidad se mide por la capacidad de sostener un proyecto propio, este tipo de alianzas improvisadas genera dudas sobre la solidez de las propuestas a largo plazo y sobre la responsabilidad democrática.No se trata de sostener un enfrentamiento entre ideologías, sino de exigir consistencia y rendición de cuentas.
Un gobernador que cambia de bando sin un marco programático claro debilita la confianza en la institucionalidad y alimenta una percepción de que la política es un juego de posiciones que se negocian en función de lo que se obtiene, no de lo que se debe hacer.En este contexto, la función de la prensa y la ciudadanía crítica resulta crucial. La cobertura debe enfatizar no solo las declaraciones del día, sino la coherencia entre promesas electorales, recursos disponibles y resultados tangibles para las comunidades. La transparencia en las transiciones y la justificación de alianzas son responsabilidades que no pueden tomarse a la ligera.
Para avanzar con responsabilidad, es imprescindible un marco de rendición de cuentas que trascienda el oportunismo. Los gobernadores deben explicar cómo sus alianzas se traducen en políticas concretas y medibles para sus provincias. Solo así se podrá evitar que la historia reciente se convierta en un compendio de traiciones a la confianza pública y de promesas incumplidas.