La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y respaldada por el bloque libertario en el Congreso Nacional no apunta a generar empleo ni a reducir el trabajo informal, sino que tiene como objetivo central recortar derechos adquiridos y debilitar de manera sistemática a las organizaciones sindicales. Así lo sostiene Javier Varetto, presidente del Congreso Nacional de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y secretario general de la entidad en Córdoba, en una dura nota de opinión que advierte sobre el alcance real del proyecto oficial.
Según Varetto, el texto en tratamiento parlamentario avanza sobre uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino: un sistema de protección que, con falencias y desafíos pendientes, ha sido pionero en la región y ha garantizado derechos colectivos e individuales al sector trabajador. Lejos de corregir los niveles de precarización, informalidad o desigualdad salarial —problemas estructurales aún no resueltos—, la iniciativa oficial “reduce la calidad del empleo existente” y consolida un esquema de mayor vulnerabilidad para quienes ya están dentro del mercado laboral.
Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente es el ataque directo a la estructura sindical argentina, caracterizada por sindicatos únicos por actividad con plena capacidad de negociación colectiva. Ese modelo, remarca, ha permitido establecer pisos mínimos de derechos para todos los trabajadores de una rama. La reforma, en cambio, impulsa la fragmentación mediante sindicatos y convenios por empresa, una lógica que en otros países derivó en la atomización de la representación y en la pérdida de poder de negociación frente a los empleadores.
El análisis de Varetto enumera una larga lista de retrocesos: facilidades para el despido, topes indemnizatorios, exclusión de conceptos como aguinaldo y vacaciones del cálculo de indemnizaciones, creación de bancos de horas en reemplazo del pago de horas extras, eliminación del carácter diferencial de fines de semana, y el regreso de mecanismos salariales como el ticket canasta. A eso se suma la exclusión de la responsabilidad solidaria en la tercerización, el desfinanciamiento de la Seguridad Social y de las obras sociales, y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se nutre de recursos que hoy van al sistema previsional.
La reforma también endurece las restricciones al derecho de huelga, amplía el concepto de servicios esenciales y crea la categoría de “servicios trascendentales”, limitando protestas, asambleas y medidas de fuerza. En paralelo, introduce la figura de “práctica desleal” aplicada a los sindicatos, en un claro intento de disciplinamiento gremial, y avanza sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, forzando renegociaciones en un contexto político desfavorable para los trabajadores.
Otro aspecto que genera alarma es la inclusión de normas tributarias ajenas a lo laboral, que implicarían una baja en la recaudación de hasta un punto del PBI, beneficiando a sectores concentrados sin ofrecer incentivos a actividades intensivas en empleo como la industria o el comercio. Para Varetto, se trata de una reforma fiscal encubierta que profundiza la desigualdad.
Desde la OTR aclaran que no existe un rechazo a debatir y actualizar normas laborales frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero subrayan que cualquier modificación debe surgir de una mesa de diálogo real entre todos los sectores. “Si las reformas solo persiguen la pérdida de derechos y una carrera hacia abajo, los sindicatos estaremos en la vereda de enfrente”, advierte Varetto, dejando en claro que los Trabajadores Radicales se alinearán en la defensa del trabajo y de la organización colectiva frente al avance del proyecto oficial