En un documento fechado el 2 de marzo de 2026, la Confederación General del Trabajo lanzó una de las críticas más duras contra el Gobierno nacional al calificar de “inconstitucional, regresiva y perniciosa” la reforma laboral recientemente sancionada. La central obrera anunció que avanzará con una presentación judicial al sostener que la nueva normativa vulnera garantías básicas consagradas en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Lejos de aceptar el argumento oficial de que la ley fomentará el empleo y reducirá la informalidad, la CGT sostiene que la iniciativa profundiza la precarización en un contexto social ya crítico. “No es disminuyendo derechos como se crea trabajo”, advierte el comunicado, que apunta directamente contra la orientación económica del Ejecutivo.
Los principios en disputa
La central sindical fundamenta su ofensiva en dos pilares jurídicos: el principio de progresividad —que impide retrocesos injustificados en materia de derechos sociales— y el principio protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y ordena compensarla mediante la ley.
Para la CGT, la reforma vulnera ambos criterios. Señala que se habilitan jornadas de hasta 12 horas, se diluye el pago de horas extras y se permite que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas a través de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de los propios trabajadores. En la práctica, denuncian, se socializa el costo del despido y se debilita la seguridad social.
El texto también cuestiona la reducción de aportes a las obras sociales, la fragmentación unilateral de vacaciones, la promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación colectiva y las restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical.
Un diagnóstico demoledor
El documento no se limita a la crítica normativa. Traza un balance severo de los dos primeros años de gestión: 11 de las 14 ramas de actividad privada con números negativos, más de 300.000 empleos perdidos, aumento del desempleo y cierre sostenido de pymes e industrias. A ello suma caída del consumo, del turismo y de la inversión, junto a un endeudamiento externo creciente y un deterioro del poder adquisitivo.
Según la central, la reforma laboral no es una medida aislada sino parte de un programa económico que descarga el ajuste sobre los trabajadores mientras no logra revertir la inflación ni la recesión.
La calle y la Justicia
La CGT reivindica su rol como “única instancia con capacidad de movilización” en defensa de los derechos colectivos. Recuerda que en este período encabezó 12 movilizaciones multitudinarias y cuatro paros generales, algunos de los cuales lograron frenar o modificar aspectos de normas previas impulsadas por el Ejecutivo.
En ese marco, la nueva estrategia combina la protesta en la calle con la vía judicial e institucional. La central remarca que no gobierna ni define la política económica, pero se considera obligada a actuar frente a lo que interpreta como una avanzada contra conquistas históricas.
El mensaje final es inequívoco: la disputa no es sólo técnica ni jurídica, sino política y social. Para el sindicalismo, la discusión excede el mercado laboral y pone en juego el modelo de país. “No hay libertad sin justicia social”, concluye el comunicado, marcando una línea de confrontación abierta con un Gobierno que, según afirman, ha elegido ajustar por el lado más débil de la relación laboral.