La Confederación General del Trabajo decidió dar un paso institucional de alto impacto: si el Senado convierte en ley la reforma laboral impulsada por el oficialismo, presentará un recurso para que la Justicia declare su inconstitucionalidad en términos generales. La central obrera sostiene que el proyecto vulnera garantías básicas consagradas en la Constitución y representa un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
El planteo no apuntará a artículos aislados, sino al corazón conceptual de la norma. En la sede de Confederación General del Trabajo trabajan sobre tres ejes centrales: la violación del principio de no regresividad, el menoscabo del derecho al trabajo protegido por el artículo 14 bis y la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero especializado que durante décadas aseguró tutela efectiva a los trabajadores.
El primero de los argumentos se apoya en la doctrina constitucional y en los tratados internacionales con jerarquía superior. La CGT entiende que el Estado no puede reducir el nivel de protección ya alcanzado sin una justificación excepcional y razonable. La ampliación del período de prueba, la redefinición de conceptos salariales y la posibilidad de sustituir la indemnización tradicional por sistemas de capitalización son, a juicio de los gremios, ejemplos de un retroceso que debilita la posición del trabajador frente al empleador.
En la central sindical remarcan que la reforma altera pilares sensibles: la protección contra el despido arbitrario, el carácter alimentario del salario y el acceso efectivo a la Justicia. “No se trata de resistirse al cambio, sino de impedir que se vacíe el contenido esencial de los derechos”, repiten cerca del triunvirato que conduce la entidad. La estrategia judicial prevé acudir al fuero contencioso administrativo federal y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El segundo eje del planteo se vincula con la tutela especial que la Constitución reconoce al trabajador como parte más débil de la relación laboral. Para la CGT, ampliar la nómina de servicios esenciales y crear la categoría de actividades “de importancia trascendental”, con exigencias de prestación mínima elevadas, puede neutralizar en los hechos el derecho de huelga. Si el paro pierde eficacia, advierten, el derecho se transforma en una formalidad vacía.
Otro punto sensible es la habilitación para pagar en cuotas las sentencias laborales. Desde la central obrera sostienen que esa modalidad afecta el carácter alimentario del crédito reconocido judicialmente y coloca al trabajador en una situación de vulnerabilidad frente al empleador condenado. A ello se suma la preocupación por eventuales sanciones a abogados por reclamos considerados “excesivos”, lo que —afirman— podría desalentar la defensa plena de los derechos laborales.
La eliminación del fuero laboral nacional constituye el tercer pilar de la impugnación. La CGT interpreta que disolver un ámbito judicial especializado implica debilitar la garantía de acceso a una Justicia conocedora de la materia y con criterios consolidados en defensa del trabajador. Más allá de los antecedentes sobre la transferencia de competencias a la Ciudad, en el sindicalismo sostienen que la modificación altera un equilibrio institucional que ha sido clave para la vigencia efectiva de los derechos sociales.
Aunque la conducción cegetista negoció con el Gobierno algunos aspectos de la reforma y logró preservar las estructuras de financiamiento sindical, la decisión de avanzar con una demanda de inconstitucionalidad busca marcar un límite político y jurídico. La central apuesta a que sea la Justicia la que determine si el Congreso, en su facultad de legislar, cruzó una frontera vedada por la Constitución.
En la CGT insisten en que el debate excede la coyuntura y el color partidario. Aseguran que está en juego el modelo de relaciones laborales que la Argentina construyó durante décadas y que cualquier modernización debe fortalecer —y no erosionar— la protección del trabajo. Bajo esa premisa, la central obrera se prepara para dar batalla en los tribunales con el argumento de que los derechos sociales no son concesiones revocables, sino garantías constitucionales que no admiten retrocesos.