La intervención oficial abrió una tregua de 15 días en la planta de neumáticos, mientras crece la tensión política y el debate por la reforma laboral. En el centro de la escena, los trabajadores reclaman garantías frente a la amenaza de cierre.
En un clima cargado de incertidumbre para cientos de familias, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta a la empresa FATE con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida, dispuesta tras una reunión encabezada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, impone una pausa de 15 días y obliga a retrotraer la situación al momento previo a la escalada del conflicto.
Para los operarios, la resolución representa un alivio momentáneo. La preocupación central sigue siendo la continuidad de los puestos laborales en una industria que viene golpeada por la apertura de importaciones y la caída del consumo. En la planta, el temor a un cierre definitivo o a despidos masivos encendió todas las alarmas.
Desde el Ministerio de Capital Humano se indicó que durante el período conciliatorio las partes deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de la actividad, mientras se desarrollan instancias de negociación. En la práctica, esto implica que la empresa debe sostener las condiciones laborales vigentes y el sindicato suspender las medidas de fuerza.
El trasfondo político agregó combustible a la disputa. Voceros del oficialismo deslizaron acusaciones contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien atribuyen intenciones desestabilizadoras en medio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. El propio presidente Javier Milei dejó entrever en redes sociales que no considera casual la simultaneidad entre el conflicto y el debate legislativo.
Sin embargo, más allá de las lecturas políticas, en la fábrica el foco está puesto en otro lado. Delegados gremiales remarcan que la prioridad es sostener cada puesto de trabajo y garantizar salarios en tiempo y forma. Señalan que la apertura indiscriminada de importaciones deterioró la competitividad de la industria nacional y dejó a los trabajadores como variable de ajuste.
El conflicto también se produce en la antesala de un paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral, lo que refuerza la tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. En ese contexto, la conciliación obligatoria aparece como una herramienta para evitar una escalada mayor y preservar la paz social, al menos de manera transitoria.
En los talleres y líneas de producción, la consigna es clara: defender la fuente de trabajo. La negociación que se abre en los próximos días será determinante no solo para el futuro de FATE, sino también como señal hacia el resto del entramado industrial. Porque detrás de cada cifra hay familias que dependen de que la producción continúe y de que la política encuentre una salida que no vuelva a recaer, una vez más, sobre los trabajadores.