(Fuente Alejandro Di Biasi/ Iprofesional) – En el tramo final de la campaña electoral, el Gobierno intensifica su ofensiva por una reforma laboral que busca el aval del sector empresario. Desde la oposición kirchnerista replicaron con dureza, anticipando que, en caso de regresar al poder, “la vamos a derogar”.
El debate se encendió tras las recientes declaraciones del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien reprochó al empresariado su falta de compromiso con la flexibilización del mercado laboral. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) elabora un informe para responder a los lineamientos oficiales, mientras referentes del sindicalismo y del ámbito laboral advierten que el proyecto “profundizará la informalidad y la desocupación”.
Carlos Tomada, exministro de Trabajo durante los gobiernos kirchneristas, sostuvo que las medidas impulsadas por el Ejecutivo “no resolverán los problemas del mundo del trabajo, sino que los agravarán”. En ese sentido, señaló que la iniciativa parte de “un diagnóstico equivocado” y que “beneficia únicamente a las grandes empresas”.
El exfuncionario recordó que “ya hubo intentos de reformas similares durante los años noventa y el resultado fue un aumento de la informalidad y el desempleo”. Además, remarcó que el argumento de que las indemnizaciones son un obstáculo para la contratación es “una falacia” y que, incluso con regímenes más protectores, “la Argentina logró generar millones de empleos formales”.
Respecto de la posible eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos, Tomada advirtió que esa medida “desequilibraría por completo la negociación entre trabajadores y empleadores”, ya que dejaría sin efecto los derechos alcanzados mientras se discuten nuevos acuerdos. “Eso abriría la puerta a que se pierdan conquistas históricas como las vacaciones o el aguinaldo”, alertó.
También rechazó el concepto de “industria del juicio” y afirmó que “si los empleadores cumplieran con la ley vigente, los conflictos judiciales desaparecerían”. Según datos del ámbito laboral, en la provincia de Buenos Aires apenas el 5 por ciento de los trabajadores registrados inicia demandas de este tipo, en general por despidos o incumplimientos contractuales.
El exministro llamó además a construir una alternativa política que revierta la orientación actual y anticipó que un futuro gobierno “nacional y popular” deberá elaborar una nueva legislación que contemple la protección de los trabajadores de plataformas, la mejora en salud y seguridad laboral, y la recuperación del salario.
Tomada también dirigió críticas al ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que “su lógica es financiera, no productiva”, y sostuvo que “los empresarios hoy ya tienen suficiente poder para imponer condiciones laborales sin necesidad de una reforma”.
En cuanto a la situación de las pymes, consideró que “no son las que reclaman la reforma laboral, sino una reforma tributaria más equitativa”, y sostuvo que “las verdaderas beneficiadas con los cambios propuestos serán las grandes corporaciones”.
Finalmente, el exfuncionario advirtió que “desde que asumió el actual gobierno desaparecieron 18.000 empresas y se perdieron más de 200.000 empleos registrados”, y concluyó: “Esto no se resuelve con una reforma laboral, sino con un modelo productivo que apueste a la industria nacional, a la economía del conocimiento y al mercado interno”.