En una sesión clave en la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, diputado por la Democracia Cristiana e integrante del bloque Encuentro Federal, centro sus argumentos en el debate sobre la regulación del juego en línea, destacando la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de un fenómeno que calificó como “un espejismo que explota la vulnerabilidad de los más jóvenes”.
Brügge subrayó que el juego online, más allá de su apariencia lúdica, fomenta adicciones, promueve la ansiedad por el éxito y afecta negativamente a la salud emocional, psicológica y social de los menores. “No estamos hablando de entretenimiento, sino de una actividad que incentiva la evasión de la realidad y relaja los frenos inhibitorios, generando una constante necesidad de revancha y, con ello, problemas económicos y familiares”, expresó.
El diputado cordobés defendió la competencia del Congreso para legislar sobre esta temática, destacando la naturaleza interjurisdiccional del juego online, comparándola con la regulación de Internet. “Pretender que las provincias tengan exclusividad en esta materia es desconocer su alcance nacional”, afirmó, respaldándose en la Ley de Protección de Datos Personales y en la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a adoptar medidas legislativas para garantizar la protección de los menores.
Uno de los puntos más destacados de su discurso fue la preocupación por el acceso fácil de los adolescentes a las plataformas de juego a través de billeteras electrónicas. Brügge citó un informe reciente que indica que el 90% de los menores de 18 años tiene una billetera virtual, lo que facilita su participación en el juego online. “Es urgente regular estas herramientas, garantizar controles efectivos e impedir que se conviertan en la puerta de entrada al juego”, aseguró, respaldando un proyecto complementario presentado por el diputado Palazzo.
El legislador y constitucionalista cerró su intervención instando al Estado a asumir un rol protagónico en la regulación, educación y penalización de quienes lucran con la vulnerabilidad infantil. “En esta materia, el ámbito privado no tiene lugar. Es el Estado quien debe proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
La ley aprobada incluye restricciones en los medios de pago y medidas educativas para abordar esta problemática, pero Brügge dejó claro que este es solo el primer paso en una lucha que requiere un esfuerzo coordinado de todos los sectores de la sociedad.