La Libertad Avanza competirá con una lista propia en la elección de abogados del 17 de noviembre. La apuesta apunta a ganar representación en el organismo que selecciona jueces, mientras el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad abre una disputa con consecuencias para el mundo del trabajo.
La Libertad Avanza quiere extender su presencia más allá de los gobiernos y las legislaturas. Ahora buscará ingresar al Consejo de la Magistratura porteño a través de la elección del estamento de abogados, una puerta de entrada a las decisiones sobre la Justicia de la Ciudad y sobre quiénes tendrán la responsabilidad de impartirla.
La herramienta será Abogados por la Libertad, la lista encabezada por el penalista Diego Carbone e integrada por Roxana Kahale, titular de la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), y Juan Curutchet, director del Banco Central y cercano a la senadora oficialista Patricia Bullrich.
La presentación tiene un objetivo electoral inmediato, aunque también expresa una búsqueda de construcción política a largo plazo. El oficialismo nacional pretende ganar representación en un ámbito donde todavía debe disputar espacio con sectores de mayor trayectoria y organización entre los profesionales del derecho.
El movimiento adquiere especial relevancia ante el proceso de traspaso de competencias laborales, penales y de menores a la Ciudad. Las nuevas designaciones de jueces y fiscales pondrán en juego mucho más que nombres y cargos. En materia laboral, las decisiones judiciales inciden sobre despidos, indemnizaciones, condiciones de empleo y derechos colectivos, asuntos centrales para los trabajadores y sus organizaciones.
Desde una mirada vinculada a la tradición peronista, allí aparece una cuestión de fondo: qué lugar tendrá la protección del trabajo en la Justicia que se busca construir. La promesa de agilizar expedientes y simplificar procedimientos deberá medirse también por la posibilidad de que quienes reclaman un derecho encuentren una respuesta efectiva.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad integra el Poder Judicial porteño y participa en la selección de magistrados. Está compuesto por nueve miembros: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces votados por sus pares y tres abogados surgidos del voto de la matrícula. Estos últimos lugares son los que se renovarán en los comicios.
Carbone presentó su propuesta con una definición alineada con el discurso del Gobierno nacional. “Queremos una Justicia independiente, eficiente y transparente. Una Justicia libre de privilegios, de corporaciones y de lógicas endogámicas”, afirmó.
El candidato sostuvo que su espacio comparte el propósito del presidente Javier Milei de “modernizar la Justicia porteña”. Entre sus propuestas mencionó la reducción de la burocracia, la simplificación de trámites, la digitalización de procesos y la búsqueda de mayor eficiencia, transparencia e independencia judicial.
La participación de referentes nacionales y porteños en una de las últimas actividades de la lista mostró el respaldo político a la iniciativa. Asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad, Pilar Ramírez, y el secretario de Justicia, Santiago Viola, referentes alineados con Karina Milei.
Ese acompañamiento le dio a la presentación una dimensión que excede la competencia profesional. Para el oficialismo, conseguir un representante significaría comenzar a consolidar una posición propia en el gobierno de la Justicia porteña.
“El sistema necesita escuchar mucho más a quienes lo usamos todos los días”, expresó Carbone. El penalista planteó que las decisiones deben incorporar la experiencia de los abogados que litigan, conocen las dificultades de los expedientes y mantienen contacto cotidiano con juzgados y fiscalías.
Los propios impulsores de Abogados por la Libertad reconocieron que será difícil obtener un lugar. Identificaron al radical Daniel Angelici y al peronista Juan Manuel Olmos como figuras con fuerte peso en el sector y presentaron esta participación como un primer intento de construir representación.
En total competirán cuatro listas. Unidad en Defensa de la Abogacía, vinculada a Angelici, llevará a Ricardo Gil Lavedra como candidato al jurado de enjuiciamiento. También participará Abogacía Unida y Dignidad Profesional, vinculada a Olmos y a Jorge Rizzo, actual consejero. La oferta se completará con Los que vemos el Colegio, liderada por Eduardo Awad, expresidente del Cpacf, y la propuesta libertaria.
La votación se realizará el 17 de noviembre en la sede del Colegio, ubicada en avenida Corrientes 1441. Los representantes electos asumirán el 23 de diciembre y tendrán un mandato de cuatro años. Dejarán sus lugares Karina Leguizamón, actual presidenta del Consejo, Marcelo Meis y Rizzo.
La elección permitirá conocer cuánto respaldo reúne el oficialismo entre los abogados porteños. También empezará a mostrar qué representación tendrán las distintas miradas sobre la Justicia en una etapa en la que las decisiones sobre su organización pueden alcanzar directamente a quienes viven de su trabajo.