Legisladores del movimiento obrero salieron en defensa del magistrado Raúl Ojeda y rechazaron las presiones de sectores empresariales que buscan sancionarlo por suspender artículos de la reforma laboral. Advierten que se intenta disciplinar a la Justicia para avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores.
La disputa por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo, esta vez alrededor de la independencia de la Justicia. Diputados nacionales de extracción sindical denunciaron un intento de disciplinamiento contra el juez Raúl Horacio Ojeda, quien había dispuesto la suspensión cautelar de numerosos artículos de la ley a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Los legisladores Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Vanesa Siley y Hugo Yasky, junto con Kelly Olmos, Germán Martínez, Blanca Osuna y José Gómez, presentaron un proyecto de resolución para expresar su rechazo al procedimiento iniciado contra el magistrado y solicitar al Consejo de la Magistratura que desestime las actuaciones disciplinarias.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5948-D-2026, ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de noviembre y fue girada a la Comisión de Justicia.
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El conflicto comenzó cuando Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió inicialmente 82 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Posteriormente, el magistrado revisó uno de esos puntos, vinculado con la actualización de las deudas judiciales, por lo que quedaron 81 disposiciones alcanzadas por la suspensión.
Entre los cambios frenados figuraban modificaciones en el régimen de indemnizaciones, restricciones al derecho de huelga, nuevas modalidades de organización de la jornada laboral y disposiciones relacionadas con la negociación colectiva. Se trata de aspectos centrales de la reforma que el Gobierno considera necesarios para modificar las condiciones de contratación y reducir los costos laborales.
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La resolución provocó una reacción del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que presentó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad y promovió actuaciones ante el Consejo de la Magistratura, incluyendo un pedido de suspensión y remoción del juez.
Aunque existió una propuesta para desestimar la denuncia, la Comisión de Acusación del organismo resolvió avanzar con la apertura a prueba del expediente 67/2026.
Para los diputados que respaldan a Ojeda, la gravedad del episodio excede la situación personal del magistrado. Consideran que utilizar procedimientos disciplinarios para cuestionar decisiones judiciales puede generar presiones sobre otros jueces que deban pronunciarse acerca de la constitucionalidad de las reformas laborales.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostuvieron que las diferencias con una sentencia deben resolverse mediante los mecanismos de apelación previstos por la ley y no a través de pedidos de sanción contra quienes las dictan.
La presentación también cuestiona que una controversia jurídica pueda convertirse en una herramienta de presión política o empresarial sobre los tribunales del Trabajo.
El planteo adquiere especial importancia para las organizaciones sindicales porque la Justicia laboral constituye una de las principales vías institucionales para reclamar el cumplimiento de convenios colectivos, cuestionar despidos y exigir el respeto de derechos reconocidos por la legislación vigente.
Desde esa perspectiva, la preocupación de los diputados no se limita al futuro de la reforma de Milei. También apunta a las consecuencias que podría tener un eventual precedente disciplinario sobre magistrados que intervengan en conflictos entre trabajadores y empleadores.
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas también expresó su rechazo al avance del procedimiento contra Ojeda, al considerar que puede afectar la independencia de quienes deben resolver controversias laborales.
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Mientras el sector empresarial que promovió las denuncias cuestiona la actuación del juez, los legisladores sindicales sostienen que el contenido de una resolución judicial no debe confundirse con una falta disciplinaria.
El proyecto presentado en Diputados busca que la Cámara se pronuncie formalmente en defensa de la independencia judicial y reclame el cierre de las actuaciones contra el magistrado.
La nueva confrontación demuestra que la reforma laboral continúa generando fuertes resistencias en el movimiento obrero, incluso después de su aprobación parlamentaria. La discusión ya no se concentra únicamente en los cambios introducidos en las relaciones de trabajo, sino también en las garantías institucionales para cuestionar su constitucionalidad.
Para los diputados firmantes, permitir que una decisión judicial contraria a los intereses del poder político o económico derive en un procedimiento sancionatorio representa un antecedente que podría comprometer la protección de los derechos laborales.
Con ese argumento, reclamaron que el Congreso exprese su solidaridad con Ojeda y ratifique su compromiso con la independencia del Poder Judicial, mientras continúa la disputa por la aplicación de la reforma laboral.