LA JUSTICIA POSTERGÓ LAS ELECCIONES DE LA UTA Y FERNÁNDEZ DEBERÁ DISPUTAR SU REELECCIÓN CON UN VEEDOR

Los comicios se realizarán el 17 y 18 de diciembre, después de que la Cámara del Trabajo ordenara rehacer parte del proceso electoral. Los cuestionamientos a los padrones y a la participación opositora complicaron la campaña del oficialismo, que enfrenta a otras tres listas.

Roberto Fernández deberá afrontar una campaña más larga y bajo supervisión judicial para intentar continuar al frente de la Unión Tranviarios Automotor. Las elecciones nacionales y seccionales previstas para el 7 y 8 de octubre quedaron postergadas hasta el 17 y 18 de diciembre, luego de que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispusiera retrotraer el procedimiento a la presentación de listas y avales. La resolución modificó las condiciones de una disputa atravesada por denuncias y fuertes cruces internos.
El fallo del 30 de septiembre respondió a una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, secretario general de la seccional Mar del Plata. Según las reconstrucciones periodísticas de la resolución, el tribunal consideró que persistían problemas en la confección del padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de candidaturas que impedían celebrar válidamente la votación en las fechas originales. 
Uno de los puntos más sensibles fueron las 2.870 bajas registradas entre junio y el 24 de agosto bajo la causal de cese laboral, sin que se consignara la fecha concreta de finalización del vínculo de trabajo. Ese dato resultaba necesario para establecer si correspondía excluir a los afiliados de la elección. También quedaron cuestionadas modificaciones cuya documentación de respaldo no estaba incorporada a la causa. 
La organización de la votación sumó otro frente de controversia. Mientras algunas mesas concentraban más de mil electores, otras reunían apenas un puñado de trabajadores, una distribución que podía dificultar tanto el desarrollo del comicio como el secreto del sufragio. La Cámara fijó un máximo de 600 votantes por mesa y dispuso nuevas condiciones de control, incluida una urna complementaria para votos observados. 
La supervisión estará a cargo del abogado laboralista Matías Cremonte, designado veedor judicial con facultades para revisar documentación y acceder a los sistemas utilizados durante el proceso. Las juntas electorales conservaron su integración, aunque deberán actuar bajo esa fiscalización. La resolución también alcanzó las controversias sobre la participación opositora en seis seccionales, cuyas presentaciones deberán revisarse dentro del procedimiento reabierto. 
Fernández rechazó las acusaciones y atribuyó la ofensiva a intereses ajenos a los trabajadores. “Son intereses de la lista negra avalada por empresarios”, afirmó en declaraciones a Ámbito. La conducción sostuvo, además, que respetará la decisión judicial pese a discrepar con sus fundamentos. Su respuesta combinó la defensa de la organización electoral con un cuestionamiento político a quienes recurrieron a los tribunales. 
Desde la otra vereda, Escriba negó que el objetivo hubiera sido impedir la elección. En diálogo con Mundo Gremial sostuvo que pretendía competir en octubre, pero consideró que la intervención judicial era necesaria frente a las condiciones denunciadas. “La suspensión es el menor de los males”, expresó. Para la Lista Negra, la revisión del procedimiento representa una oportunidad de disputar la conducción con mayores garantías. 
La competencia reúne cuatro propuestas. Fernández encabeza la Celeste y Blanca; Escriba conduce la Negra; Alberto Patiño se presenta por la Marrón y Claudio Gómez por la Bordó. La candidatura de Patiño, proveniente de la propia estructura de conducción, agrega una fractura interna al desafío opositor y obliga al oficialismo a defender su continuidad frente a adversarios con recorridos diferentes dentro del gremio. 
El nuevo calendario dejó a Fernández ante una exigencia que excede la campaña. Antes de llegar a las urnas, el proceso deberá superar la revisión de padrones, candidaturas y lugares de votación que ordenó la Justicia. Para los trabajadores del transporte, diciembre será la oportunidad de elegir la conducción de su sindicato en una contienda cuyo primer desafío será garantizar que todos los afiliados habilitados puedan participar y que su voto se respete.