La interna política volvió a trabar el funcionamiento del Concejo Deliberante de Plaza Huincul. Este miércoles no pudo realizarse la reunión de comisión porque cuatro concejales de la oposición no se presentaron y no se alcanzó el quórum necesario. La parálisis se produce apenas un día después de que el oficialismo frenara el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia vehicular y con un pedido de la Junta Interna Municipal para la compra de unidades.
Los miércoles son habitualmente jornadas de comisión en el cuerpo deliberativo local. Sin embargo, esta vez la actividad quedó suspendida por la ausencia de Viviana Casado, Fernando Doroschenco, Sebastián Ávila y Gustavo Suárez, quienes no concurrieron al recinto. Hasta el momento, ninguno explicó públicamente los motivos de la decisión ni si la inasistencia respondió a un acuerdo político entre los distintos bloques.
El episodio vuelve a exhibir el nivel de tensión que atraviesa al Concejo y plantea una preocupación que excede las disputas entre dirigentes. Cuando el funcionamiento institucional queda condicionado por las diferencias entre oficialismo y oposición, los temas que necesitan una respuesta concreta terminan relegados.
Uno de ellos es el reclamo de la Junta Interna Municipal para avanzar con la compra de unidades destinadas al trabajo cotidiano. No se trata de una discusión abstracta: contar con vehículos en condiciones es una cuestión directamente relacionada con las herramientas que tienen los empleados municipales para cumplir sus tareas y prestar servicios a los vecinos.
El martes, ese planteo había quedado asociado a otro expediente de importancia para la ciudad, relacionado con la emergencia vehicular. El oficialismo, con el voto de Marga Yunes, impidió que ambos proyectos fueran incorporados al tratamiento. Horas más tarde, el enfrentamiento político entre los distintos sectores sumó un nuevo capítulo con la suspensión de la comisión prevista para este miércoles.
La consecuencia es que, mientras los dirigentes intercambian posiciones y acumulan diferencias, los trabajadores municipales siguen esperando soluciones para problemas concretos. La falta de vehículos, las condiciones en las que se desarrollan determinadas tareas y las necesidades operativas de las áreas municipales no deberían quedar subordinadas a una pelea por el control político del Concejo.
La situación también expone una fragilidad institucional que recae sobre la gestión del intendente Claudio Larraza. El oficialismo cuenta con la responsabilidad de garantizar que el municipio tenga las herramientas políticas necesarias para funcionar y construir acuerdos que permitan avanzar con los asuntos pendientes. La oposición, al mismo tiempo, tiene el deber de ejercer su representación sin convertir la ausencia en un mecanismo permanente de bloqueo.
En Plaza Huincul, el conflicto político ya no se limita a las declaraciones o a los cruces entre concejales. Empieza a tener consecuencias sobre el tratamiento de cuestiones que impactan en la vida cotidiana de los trabajadores municipales y en la prestación de servicios públicos.
El Concejo Deliberante debería ser el lugar donde esas diferencias se procesen mediante el debate y las decisiones institucionales. Si las sesiones se caen por falta de quórum y los proyectos quedan atrapados entre mayorías circunstanciales, quienes terminan pagando el costo son los que esperan respuestas concretas.
La política puede tener diferencias, pero los trabajadores no pueden quedar como rehenes de esas disputas. El funcionamiento del Estado municipal y las condiciones necesarias para que sus empleados puedan cumplir con su tarea deberían estar por encima de cualquier pulseada partidaria.