El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) salió a denunciar una nueva avanzada contra los trabajadores que participaron del “Jujeñazo” y cuestionó la decisión de llevar a juicio a 19 personas que se movilizaron hace tres años contra la reforma constitucional impulsada en Jujuy. Para el espacio sindical, la causa representa un intento de criminalizar la protesta social y disciplinar a quienes se organizaron para defender los derechos del pueblo.
El juicio comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá durante diez jornadas, hasta el 6 de noviembre. Entre los imputados se encuentran los trabajadores de ATE Santiago Zamora, Gabriel Taboada y Walter Puca, quienes fueron parte de las movilizaciones que atravesaron la provincia cuando el gobierno buscaba avanzar con una reforma constitucional resistida por amplios sectores sociales.
Para el FreSU, no se trata de un episodio aislado ni de una disputa judicial más. La organización sindical sostiene que la causa nació al calor de una fuerte represión contra el pueblo jujeño, desplegada mientras se intentaba aprobar una reforma que, según denuncian, terminó habilitando mecanismos para acelerar la expropiación de tierras.
La respuesta estatal frente a aquella movilización fue, para los sindicatos, la represión de quienes salieron a la calle a reclamar. Tres años después, sostienen, aquella política continúa por otros medios: con trabajadores sometidos a un proceso judicial que consideran plagado de irregularidades y cuyo objetivo excede las responsabilidades individuales de los acusados.
La denuncia adquiere mayor gravedad, según el FreSU, por el escenario que atraviesa actualmente la provincia bajo el gobierno de Carlos Sadir. El espacio sindical vinculó la apertura del juicio con los desalojos que se vienen produciendo en distintos puntos de Jujuy y advirtió que la persecución contra quienes protestan puede convertirse en una herramienta para garantizar el avance de políticas resistidas por las comunidades y los trabajadores.
Desde una mirada sindical, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica del movimiento obrero argentino: el derecho de los trabajadores y de las organizaciones populares a ocupar el espacio público para reclamar y defender sus conquistas. Para el FreSU, transformar esa protesta en un delito implica convertir un derecho democrático en una amenaza penal y utilizar a la Justicia como instrumento de disciplinamiento social.
La organización reclamó que la causa sea asumida como una cuestión nacional y convocó a los organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades democráticas a acompañar a los trabajadores imputados.
El pedido es concreto: el sobreseimiento y la absolución de los 19 trabajadores. En esa convocatoria aparece también una definición política de fondo: frente a la criminalización de la protesta, el movimiento obrero no puede mirar para otro lado.
La historia del peronismo y del sindicalismo argentino está atravesada por trabajadores que se organizaron, ocuparon las calles y enfrentaron políticas que consideraron injustas. El FreSU busca inscribir la resistencia del “Jujeñazo” en esa tradición y advierte que lo que está en juego no es solamente la situación judicial de 19 personas, sino el derecho de todo trabajador a reclamar sin que la respuesta sea la persecución penal.
Por eso, el Frente de Sindicatos Unidos llamó a convertir el proceso judicial que comenzará en octubre en una causa de alcance nacional y a rodear de solidaridad a los trabajadores jujeños. Para el espacio gremial, defenderlos es también defender la organización colectiva, la protesta social y el derecho del pueblo a resistir cuando sus derechos son puestos en riesgo.