(Tomás Casanova) – El gobierno de Javier Milei insiste en que los números cierran, que el superávit es sagrado y que la inflación dibuja curvas descendentes.
Sin embargo, la única verdad es la realidad, y para el pueblo trabajador, la realidad se mide en hechos, no en palabras (res non verba). Mientras el discurso oficial celebra victorias macroeconómicas abstractas en el plano financiero, la heterogeneidad arbitraria del modelo actual está pulverizando el tejido social y laboral de la Argentina.
El sálvese quien pueda no es libertad, es abandono estatal.Los datos duros desmienten sistemáticamente el optimismo de la casta libertaria. Según los últimos reportes del INDEC, la desigualdad en nuestro país ha vuelto a profundizarse de manera alarmante.
El Coeficiente de Gini trepó al 0,442, consolidando una de las brechas sociales más injustas de la historia reciente. Hoy, el 10% más rico de la población percibe ingresos 15 veces superiores a los del 10% más postergado. La riqueza no derrama; se concentra en la cima de la bicicleta financiera mientras abajo se desmorona el consumo básico.Esta alarmante asimetría es la consecuencia directa de una destrucción planificada del poder adquisitivo. Las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA confirman que la pobreza se estancó y volvió a subir al 30%, afectando a millones de argentinos que, aun teniendo trabajo, no logran escapar de la línea de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, los salarios de los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en el balance semestral. El congelamiento y la precarización del empleo privado formal obligan a una inmensa masa laboral a volcarse a la informalidad extrema, donde los ingresos simplemente ya no alcanzan para comprar la comida diaria.El principal problema de la Argentina actual no es la falta de recursos, sino la crueldad e incompetencia en su distribución.
Vivimos en un país con la capacidad estructural de alimentar a millones, pero gobernado bajo un dogma que prefiere el superávit fiscal a costa del hambre de los jubilados y la desesperación de los asalariados. El ajuste ya no lo paga la política; lo sostienen los hombros de cada laburante informal, de cada empleado público despedido y de cada obrero precarizado.
La economía puede mostrar planillas impecables en Wall Street, pero si la gente no llega a fin de mes, el modelo es un fracaso absoluto. Es hora de exigir menos discursos dogmáticos y más hechos concretos: el bienestar de la Patria empieza por la dignidad de sus trabajadores.