La avanzada del ajuste sobre la obra pública sumó un nuevo frente de resistencia. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) consiguió el respaldo institucional del Parlamento del Norte Grande para reclamar el fin del desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y exigir que los recursos provenientes del impuesto al combustible lleguen directamente al organismo encargado del mantenimiento de las rutas nacionales.
La decisión fue adoptada durante la 58° Sesión Plenaria del Parlamento regional, integrado por representantes de las diez provincias del NOA y el NEA, luego de una presentación encabezada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, junto a dirigentes de las seccionales viales del norte argentino.
El pronunciamiento constituye un fuerte cuestionamiento a la política del Gobierno nacional sobre infraestructura y plantea que el deterioro de las rutas ya dejó de ser una discusión presupuestaria para transformarse en un problema económico, social y de seguridad.
En el documento aprobado, los legisladores se comprometieron a exigir “el cese del ahogo financiero” sobre Vialidad Nacional y el ingreso directo de los fondos que por ley corresponden al sistema vial.
Desde STVyARA vienen denunciando que el Ejecutivo retiene recursos específicos provenientes del impuesto al combustible mientras reduce partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento, conservación y desarrollo de la red vial.
Para el sindicato, el resultado de esa política ya empieza a sentirse en todo el territorio: rutas deterioradas, menor capacidad operativa del organismo, pérdida de herramientas de intervención y una creciente incertidumbre para miles de trabajadores del sector.
“Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”, sostuvo Aleñá tras conocerse el respaldo del Parlamento del Norte Grande.
La dirigente sindical fue una de las voces más críticas frente al rumbo oficial y advirtió que desfinanciar Vialidad no implica eficiencia ni ahorro real, sino trasladar costos al conjunto de la sociedad.
En esa línea, el gremio sostiene que detrás del recorte aparece una redefinición del rol del Estado que deja libradas áreas estratégicas a esquemas de transferencia de responsabilidades hacia provincias o modelos concesionados.
Desde el sindicato remarcaron que las consecuencias exceden el plano laboral. Alertaron que el abandono de la red vial pone en riesgo la conectividad de pueblos del interior, encarece la logística productiva y aumenta la exposición de millones de argentinos que utilizan diariamente las rutas nacionales.
La señal política enviada desde el Norte Grande representa, para los trabajadores viales, algo más que una declaración institucional: es el primer respaldo regional de peso frente a una disputa que pone en debate si el equilibrio fiscal puede sostenerse a costa del abandono de la infraestructura pública y del debilitamiento de organismos históricos del Estado.
Mientras el Gobierno insiste con el recorte del gasto, desde el movimiento vial advierten que el costo de esa decisión no se mide sólo en números presupuestarios, sino también en empleo, integración territorial y seguridad para quienes transitan cada día las rutas del país.