La negociación salarial de la actividad aceitera volvió a entrar en una zona de máxima tensión luego de que la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) presentara una propuesta de incremento de apenas 15 mil pesos para el mes de mayo, una cifra que fue recibida con fuerte rechazo por las organizaciones sindicales y que encendió nuevamente el clima de conflicto en uno de los complejos industriales más estratégicos del país.
La oferta fue presentada durante la quinta audiencia paritaria realizada en el ámbito de la conciliación obligatoria, con participación de representantes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo.
Lejos de acercar posiciones, el planteo empresario profundizó el malestar entre los delegados y trabajadores que siguen de cerca una discusión que consideran determinante para el sostenimiento del poder adquisitivo del sector.
Desde la representación gremial no ocultaron su indignación y calificaron la propuesta como una señal de “mala fe negociadora”, al entender que el monto ofrecido resulta incompatible con el costo de vida actual y con la rentabilidad que exhibe una actividad que continúa ocupando un lugar central dentro del esquema exportador argentino.
Delegados presentes en el proceso remarcaron que la discusión salarial no está planteada únicamente en términos de porcentajes o sumas nominales, sino sobre el principio histórico que el movimiento aceitero sostiene desde hace años: que el salario debe responder al concepto constitucional de Salario Mínimo Vital y Móvil.
Ese criterio, explicaron, surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen que la remuneración debe permitir cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Con ese parámetro como referencia, las organizaciones sindicales sostienen que el ingreso correspondiente al mes de mayo de 2026 debería ubicarse en 2.802.754 pesos.
La distancia entre esa cifra y el ofrecimiento patronal fue interpretada por el sector obrero como una demostración concreta de que las empresas continúan intentando trasladar el ajuste sobre quienes generan la riqueza cotidiana dentro de las plantas industriales.
En ese marco, desde el sindicalismo aceitero insistieron en que el reclamo no representa una demanda desproporcionada ni pone en riesgo la sustentabilidad empresaria. Por el contrario, afirmaron que el costo del aumento reclamado equivaldría apenas al 0,1 por ciento de la facturación anual del sector.
“La discusión es si quienes producen la riqueza van a poder vivir dignamente de su trabajo o si van a volver a convertirse en trabajadores pobres”, señalaron referentes gremiales durante el intercambio posterior al encuentro.
En los establecimientos del cordón industrial santafesino el clima empezó a endurecerse. Delegados consultados señalaron que crece la sensación de que la conciliación obligatoria se está agotando sin resultados concretos y que, si no aparece una propuesta superadora, comenzarán a evaluarse medidas de acción directa.
La advertencia no aparece como una amenaza sino como una herramienta reconocida por la legislación laboral y por la propia Constitución Nacional, remarcan desde el sector.
“Las y los trabajadores aceiteros ya hicieron demasiados esfuerzos. No estamos dispuestos a resignar condiciones de vida mientras las empresas mantienen niveles extraordinarios de facturación. Si no hay respuestas, habrá organización y lucha”, expresaron desde las organizaciones gremiales.
Con la negociación abierta y sin señales de acercamiento, el conflicto vuelve a instalar una discusión de fondo: quién absorbe el costo de la crisis y hasta dónde están dispuestas las empresas a reconocer el valor del trabajo en una actividad que continúa siendo una de las principales generadoras de divisas del país.