(Tomás Casanova) Hay momentos en que una intervención pública deja de ser una declaración sectorial y se transforma en síntoma de época. Las palabras de Gerardo Martínez durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT parecen inscribirse en esa categoría.
No tanto por la contundencia de las críticas al rumbo laboral argentino ni por el escenario internacional donde fueron pronunciadas, sino porque volvieron a poner sobre la mesa una discusión que parecía archivada: qué lugar ocupa el trabajo dentro del contrato social argentino.
Cuando Martínez sostuvo que “sin Estado no hay Nación”, que “gobernar es crear trabajo digno y decente” y que el diálogo sostenible es la llave para resolver problemas estructurales, no habló solamente como dirigente sindical. Recuperó una tradición histórica que atraviesa buena parte del pensamiento social argentino y que tiene una raíz evidente en el peronismo: la idea de que el empleo no es una variable económica más, sino el principal ordenador de la comunidad.
No deja de ser significativo que este debate vuelva a emerger en la Organización Internacional del Trabajo.
Desde su creación en 1919, después del trauma de la Primera Guerra Mundial, la OIT nació sobre una convicción sencilla pero poderosa: no puede existir paz duradera donde reina la injusticia social. Ese principio dio origen al modelo tripartito —Estado, trabajadores y empleadores— que convirtió al diálogo social en una herramienta institucional y no en una concesión ocasional.
Argentina conoció esa lógica durante buena parte del siglo XX. El ascenso del movimiento obrero organizado y la construcción del Estado social peronista colocaron a la negociación colectiva como una pieza central del desarrollo económico. El salario no era visto únicamente como costo; era consumo, movilidad social y construcción de ciudadanía.
Por eso la discusión actual excede una reforma laboral o una disputa salarial.
Lo que aparece detrás del debate es una pregunta más profunda: si el mercado por sí solo puede ordenar la relación entre capital y trabajo o si sigue siendo necesario un Estado que arbitre, proteja y genere condiciones para que el crecimiento llegue también al mundo del empleo.
En ese contexto, la intervención de la CGT en Ginebra puede leerse como algo más que una denuncia internacional. Es, sobre todo, un intento por reinstalar el valor político del acuerdo social en un tiempo donde predominan las respuestas unilaterales.
Decir que la OIT se transformó en una “trinchera del sindicalismo” quizá resulte una imagen excesiva. La OIT no fue creada para sustituir la política nacional ni para convertirse en refugio permanente de ningún actor. Pero sí puede funcionar como recordatorio institucional de algo que muchas veces Argentina olvida en sus ciclos de ajuste y expansión: ninguna reforma es sostenible si prescinde de quienes trabajan.
Y acaso allí aparezca el punto de contacto con muchas reflexiones que comenzaron a circular en estos días: detrás del debate laboral no está en juego solamente cuánto gana un trabajador ni qué margen tiene una empresa.
Está en discusión qué tipo de comunidad política quiere construir la Argentina.
Porque cuando el trabajo pierde centralidad, tarde o temprano también la pierde la idea misma de movilidad social.
Y cuando eso ocurre, la crisis deja de ser económica para convertirse en una crisis de pertenencia.