La escena se repite y se multiplica en la Ciudad de Buenos Aires: colchones sobre veredas, frazadas húmedas en plazas, cuerpos que buscan refugio bajo autopistas. Lo que hasta hace algunos años era una postal marginal, hoy se transformó en una evidencia imposible de ignorar. La cantidad de personas en situación de calle crece y expone, con crudeza, los límites de las políticas aplicadas tanto a nivel nacional como en el distrito más rico del país.
Lejos de tratarse de una percepción aislada, distintos relevamientos coinciden en una tendencia sostenida al alza. Detrás de cada cifra hay trayectorias atravesadas por la caída: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de vínculos familiares. En ese entramado, la actual gestión de Javier Milei aparece como un factor acelerador de un deterioro social que ya venía gestándose, pero que hoy se profundiza con el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el retroceso del Estado en áreas sensibles.
El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. La administración porteña —marcada durante años por el sello político de Mauricio Macri y sus continuadores— tampoco logró revertir una problemática estructural que se arrastra desde hace más de una década. La falta de políticas habitacionales de fondo, el encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario y la insuficiencia de dispositivos de contención fueron configurando un escenario que hoy estalla a la vista de todos.
La crisis económica actúa como catalizador. El aumento del costo de vida, la fragilidad laboral y la presión de los alquileres empujan a sectores cada vez más amplios hacia el borde. Ya no se trata únicamente de personas en situación de extrema vulnerabilidad histórica: el fenómeno alcanza a trabajadores informales, jubilados e incluso familias que, pese a generar ingresos, no logran sostener un techo.
A ese cuadro se suman problemáticas complejas como la salud mental no abordada, los consumos problemáticos y la ausencia de redes de contención. La calle no aparece como el origen del conflicto, sino como el último eslabón de una cadena de exclusión que el sistema no logra —o no decide— interrumpir.
El cambio en el perfil de quienes viven en la vía pública refuerza la gravedad del cuadro. Crece la presencia de mujeres, jóvenes y grupos familiares completos. También se multiplican los casos de personas que trabajan durante el día pero, llegada la noche, no tienen dónde dormir. Una fractura social que rompe con la idea de que el empleo garantiza integración.
Desde el Gobierno porteño se sostienen programas de asistencia, como paradores nocturnos y equipos de acompañamiento. Pero las respuestas resultan insuficientes frente a una problemática estructural que exige políticas integrales, con eje en el acceso a la vivienda, la inclusión laboral y la reconstrucción del tejido social.
La expansión de la indigencia urbana no es un accidente ni una fatalidad inevitable. Es, en todo caso, el resultado de decisiones políticas acumuladas. La combinación entre el ajuste impulsado por la actual administración nacional y una gestión local que nunca priorizó soluciones de fondo terminó por consolidar un escenario donde la calle deja de ser excepción para convertirse en destino.
Naturalizarlo sería el paso final de una derrota colectiva. Porque en cada persona que duerme a la intemperie no solo hay una historia truncada, sino también un derecho básico vulnerado: el de vivir con dignidad.