El secretario general del STIGAS, Pablo Blanco, advirtió sobre el deterioro social, cuestionó la política económica del Gobierno y puso en duda la sostenibilidad del modelo. Valoró la reacción judicial de la CGT, pero alertó que la recuperación del empleo y la industria “llevará tiempo”.
En un escenario atravesado por la recesión, la caída del empleo y el avance de reformas estructurales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS), Pablo Blanco, trazó un crudo panorama sobre la situación del país y el impacto en el mundo laboral. En diálogo con el medio sindical El Delegado, el dirigente combinó críticas al rumbo económico con una mirada escéptica sobre la evolución del conflicto judicial en torno a la reforma laboral.
“Hay que empezar por lo peor”, lanzó Blanco al ser consultado sobre el presente. Y no dudó en describir una realidad marcada por una “creciente brecha entre ricos y pobres” que, según sostuvo, es consecuencia directa de “una política económica liberal que favorece a las grandes empresas y monopolios, mientras hunde cada vez más al pueblo”.
El dirigente sindical apuntó directamente contra el corazón del modelo económico. “Estamos viendo las consecuencias de una motosierra que vino para cortarle las piernas al hombre y a la mujer común”, afirmó, en referencia a las políticas de ajuste. En ese sentido, consideró que la desindustrialización y la precarización laboral avanzan a un ritmo preocupante, con efectos concretos en la vida cotidiana: “Hoy no hay trabajo para nadie. Ni siquiera alcanza para decir ‘vos sí, vos no’”.
Blanco también vinculó el deterioro del empleo con un aumento de la conflictividad social. “La falta de trabajo está generando más delincuencia. Es un cuadro que ya vimos en otras épocas de la historia argentina”, advirtió, al tiempo que comparó la situación actual con imágenes de crisis pasadas, donde multitudes competían por un puesto laboral escaso.
En relación a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el titular del STIGAS fue tajante: “Amenaza los derechos de los trabajadores”. Sin embargo, reconoció como un dato positivo la reacción del movimiento obrero organizado. “La CGT actuó rápido en términos jurídicos, presentó amparos y logró frenar momentáneamente la ley. Eso nos da un respiro”, señaló.
De todos modos, se mostró cauto sobre el desenlace judicial. Recordó antecedentes recientes en los que fallos favorables en primera instancia fueron revertidos en instancias superiores. “No tengo demasiadas expectativas, sabemos lo que puede pasar en la Justicia”, explicó.
El análisis de Blanco no se limitó al plano económico. También cuestionó la política internacional del Gobierno, al considerar que “pone en riesgo al pueblo”, aunque sin profundizar en detalles. En cambio, hizo foco en la necesidad de replantear el rol del Estado. “Tenemos que revisar políticas y dotar al Estado de herramientas para que la gente perciba mejoras concretas en su vida”, planteó.
Finalmente, el dirigente dejó una advertencia que sintetiza el clima de preocupación en el sindicalismo: “La reconstrucción va a ser difícil y va a llevar tiempo. Pero es necesario cambiar el rumbo para mejorar las condiciones de vida de la población”.