La tensión en el transporte público volvió a escalar en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras el anuncio de una medida de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que resolvió la retención de tareas desde la medianoche del 9 de abril en aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios correspondientes a marzo.
La decisión sindical no surge en el vacío. Según el comunicado oficial, al cuarto día hábil del mes todavía persistían incumplimientos en el pago íntegro de haberes, una situación que golpea de lleno a los trabajadores en un escenario económico cada vez más exigente.
Desde el gremio fueron categóricos: la medida responde a un derecho básico vulnerado. “Queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, señalaron, dejando en claro que la protesta no es solo por el atraso salarial, sino también por la estabilidad laboral de miles de choferes que sostienen el servicio diariamente.
En paralelo, la UTA denunció que las empresas redujeron la frecuencia de los servicios, lo que derivó en un creciente malestar entre los usuarios. Esa situación, advierten, terminó trasladándose a los conductores, quienes quedaron expuestos a episodios de tensión y violencia arriba de las unidades.
El argumento empresario apunta a la falta de transferencia de subsidios nacionales y provinciales. Sin embargo, desde el sindicato remarcan que esa disputa no puede recaer sobre los trabajadores, que cumplen funciones esenciales y dependen de su salario para subsistir.
La medida de fuerza, en ese sentido, se presenta como una acción de “autotutela”, es decir, una respuesta directa ante el incumplimiento patronal. No se trata de una pulseada política, sino de una reacción frente a una obligación básica que no fue respetada.
Con este escenario, el conflicto vuelve a poner en primer plano una problemática recurrente del sistema de transporte: la fragilidad del esquema de financiamiento y su impacto directo en quienes están al frente del volante. Mientras tanto, los colectiveros insisten en un mensaje claro: sin salario no hay servicio, y sin respeto por sus derechos, no hay margen para sostener la normalidad.