La central obrera intensifica su ofensiva contra la normativa impulsada por el Gobierno. Mientras avanza con una presentación judicial por presunta inconstitucionalidad, también buscará instalar el tema en el plano internacional durante una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional.
En medio de la fuerte controversia que generó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo decidió profundizar su estrategia para frenar la aplicación de la norma ya sancionada por el Congreso y que aguarda su promulgación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
En ese marco, el secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical, Gerardo Martínez, viajó a Washington D. C. para mantener reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, donde expondrá las consecuencias que —según la visión gremial— tendrá la reforma sobre los derechos laborales en la Argentina.
La visita forma parte de una estrategia más amplia de la CGT para internacionalizar el conflicto y advertir sobre lo que consideran un proceso de flexibilización laboral. Desde la central sostienen que la iniciativa oficial implica un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero y podría derivar en mayor precarización del empleo.
En paralelo, la organización sindical ya avanzó en el plano judicial. Días atrás presentó una acción ante los tribunales para impugnar la reforma laboral por considerarla contraria a principios constitucionales y a convenios internacionales firmados por el país en materia de protección del trabajo.
La ofensiva gremial ocurre mientras el Gobierno ultima los detalles para promulgar la ley y reglamentar su implementación. En la Casa Rosada sostienen que los cambios buscan modernizar el mercado laboral, promover la generación de empleo y reducir la litigiosidad que afecta a las empresas.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el principal nucleamiento sindical abre así un nuevo capítulo de tensión política y social, con el debate trasladándose tanto a los tribunales como al escenario internacional. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar la economía, la CGT apuesta a bloquear su puesta en marcha por todas las vías disponibles.