MOYANO CARGÓ CONTRA LOS GOBERNADORES Y LAS 62 ORGANIZACIONES ALERTARON SOBRE UN NUEVO ATROPELLO A LOS DERECHOS LABORALES

Con un documento político de fuerte contenido gremial, la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas rechazó cualquier intento de reforma laboral que avance sobre las conquistas históricas del movimiento obrero y reclamó diálogo social, consensos amplios y respeto por la dignidad del trabajo.

En un plenario marcado por fuertes definiciones políticas y gremiales, Hugo Moyano cuestionó duramente a los gobernadores que negocian con el Gobierno la aprobación de la reforma laboral y comparó el escenario actual con el clima previo a la crisis de 2001. En ese marco, las 62 Organizaciones Justicialistas difundieron un documento donde reivindican la dignidad del trabajo y reclaman consensos amplios para cualquier cambio en el mundo laboral.

La Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas volvió a colocarse en el centro del debate político y sindical al advertir sobre los riesgos de una reforma laboral impulsada sin consenso social. El plenario, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo como principal protagonista a Hugo Moyano, titular del gremio de Camioneros e histórico dirigente de la CGT, quien lanzó duras críticas contra los gobernadores que —según denunció— están negociando con la Casa Rosada para que sus legisladores acompañen el proyecto oficial.

“Esto se parece demasiado a lo que pasó en el 2001”, advirtió Moyano ante los dirigentes sindicales, en referencia al contexto previo a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En un mensaje cargado de simbolismo político, agregó: “Espero que no empiece de nuevo a correr por los pasillos la Banelco”, en clara alusión a las denuncias de sobornos que marcaron aquella etapa de la historia reciente.

Las declaraciones del líder camionero funcionaron como telón de fondo del documento político difundido por las 62 Organizaciones, donde se fija una posición firme frente a lo que consideran un avance sobre los derechos laborales. Allí se sostiene que el trabajo no puede ser tratado como una variable de ajuste, sino como un derecho fundamental y una herramienta central de integración social.

“El trabajo es el pilar del desarrollo humano y social, no una mercancía sujeta a negociaciones coyunturales”, expresó José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones Justicialistas y líder del Sindicato de Conductores de Taxis, al presentar el texto consensuado por el espacio. En esa línea, remarcó que cualquier reforma debe surgir del diálogo social y del respeto mutuo entre trabajadores, empleadores y el Estado.

El documento también pone especial énfasis en la defensa del derecho de huelga y advierte sobre los intentos de ampliar de manera indiscriminada el concepto de servicios esenciales, una estrategia que —según señalan— vacía de contenido un derecho constitucional y debilita la negociación colectiva. “Limitar la protesta es desnaturalizar la democracia sindical”, subrayó Ibarra, en sintonía con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, las 62 Organizaciones plantearon la necesidad de combatir el trabajo no registrado, promover el empleo formal, actualizar los convenios colectivos y avanzar en programas de capacitación y reconversión laboral, siempre con una mirada inclusiva y federal. Lejos de rechazar el debate, el espacio propone reglas claras, previsibles y justas, que fortalezcan la producción nacional y el empleo de calidad.

Con las palabras de Moyano resonando en el plenario y el respaldo político del documento, el mensaje fue contundente: no habrá modernización posible si se construye a espaldas de los trabajadores. En un contexto de tensiones crecientes, el sindicalismo peronista volvió a marcar límites y a encender señales de alerta frente a un escenario que, para muchos, empieza a recordar capítulos que el país creía superados.