Un análisis de escenarios proyecta que los compromisos asumidos en materia de derechos de exportación podrían impulsar la producción y las exportaciones agroindustriales en la próxima década, con fuertes efectos sobre trigo, maíz y soja, en un contexto de mayor previsibilidad comercial.
Tras más de dos décadas de negociaciones, la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abrió un nuevo capítulo para el comercio exterior argentino. Más allá de los debates políticos y estratégicos, un reciente análisis técnico puso el foco en uno de los puntos más sensibles para el agro: los compromisos asumidos en materia de derechos de exportación (DEX) y su impacto potencial sobre la producción y las ventas externas.
El acuerdo introduce reglas más previsibles y estables para el intercambio comercial, y en ese marco establece que, a partir del tercer año de su entrada en vigor, la Argentina dejaría de aplicar derechos de exportación a los productos destinados a la Unión Europea. La medida, sin embargo, no es lineal: algunas cadenas estratégicas, entre ellas la soja, quedaron exceptuadas de la eliminación total y pasarán a operar con topes máximos decrecientes. En el complejo sojero, esos límites se consolidan inicialmente en 18% y se reducen de manera gradual hasta alcanzar el 14% en el décimo año.
El estudio parte de un supuesto clave: en la práctica, resulta inviable aplicar derechos de exportación diferenciados según el destino final de la mercadería. La razón es operativa y económica. En las primeras etapas de comercialización —acopios, cooperativas o plantas industriales— el destino final de los granos no está definido, y el impuesto termina trasladándose al precio interno a lo largo de toda la cadena. Bajo ese enfoque, los topes fijados por el acuerdo tenderían a funcionar como un límite general a las alícuotas efectivas.
Con esa base, el trabajo simula tres escenarios prospectivos mediante un modelo de equilibrio parcial del sector agrícola, el mismo que se utiliza para proyectar el escenario de referencia de los mercados agroindustriales. El primero, denominado base, supone la continuidad del esquema actual de derechos de exportación y la no aprobación del acuerdo. El segundo, “bajadex”, contempla una entrada en vigor inmediata del acuerdo y la reducción de las alícuotas según los topes pactados. El tercero, “brechas”, suma a la baja de DEX un proceso gradual de cierre de brechas tecnológicas, impulsado por un entorno de mayor previsibilidad y mejores precios relativos.
Los resultados muestran diferencias significativas. Hacia la campaña 2034/35, la producción total de cereales y oleaginosas pasaría de 155 millones de toneladas en el escenario base a 160 millones con la reducción de derechos de exportación, y podría escalar hasta 173 millones de toneladas si se combinan menores DEX con mejoras de productividad. En términos de volúmenes, el salto es especialmente visible en trigo, maíz y soja, los tres pilares del complejo exportador argentino.
El impacto también se refleja en el frente externo. Medidas a precios constantes, las exportaciones agroindustriales crecerían desde unos USD 33.230 millones en la situación inicial hasta más de USD 38.000 millones con la baja de derechos de exportación, y rozarían los USD 42.000 millones en el escenario más dinámico. La combinación de mayor producción y mayor competitividad explica ese avance, en un contexto de demanda internacional sostenida.
El análisis advierte, además, que los efectos positivos no se limitan a los derechos de exportación. El acuerdo incorpora compromisos para restringir el uso de mecanismos discrecionales en el comercio, como los antiguos ROE o las DJAI, al menos en el vínculo con la Unión Europea. Esa previsibilidad normativa, sostienen los autores, refuerza los incentivos a invertir y planificar a largo plazo.
Con todo, el documento subraya que los DEX son solo una pieza dentro de una arquitectura mucho más amplia. El Acuerdo Mercosur–Unión Europea abarca disciplinas comerciales, sanitarias, técnicas y regulatorias que redefinen la inserción internacional del bloque. En ese marco, la eventual reducción de los derechos de exportación aparece como un catalizador: no garantiza por sí sola el salto productivo, pero puede potenciarlo si se combina con reglas claras y mejoras tecnológicas.
La conclusión es clara: de concretarse, el acuerdo podría consolidar a la Argentina como un proveedor más confiable y previsible de alimentos, en un escenario global marcado por mayores exigencias y competencia. Los números surgen de simulaciones y supuestos, pero el mensaje de fondo es político y económico: menor carga a la exportación y mayor estabilidad pueden traducirse en más producción, más exportaciones y una agroindustria mejor posicionada en el mundo.