La política previsional del gobierno de Javier Milei dejó de ser una promesa de “ordenamiento” para transformarse en un esquema de ajuste estructural sobre uno de los sectores más vulnerables. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la evolución de los haberes jubilatorios hasta diciembre de 2025 y concluye que la combinación del DNU 274/2024, la eliminación de la fórmula anterior y el congelamiento de los bonos consolidó una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones.
El trabajo, titulado “Movilidad previsional – Actualizaciones jubilatorias con el DNU 274/2024 de Milei vs. fórmula anterior (Ley 27.609)”, señala que desde diciembre de 2023 la política previsional tuvo un claro sesgo regresivo. Primero, con el impacto de la aceleración inflacionaria; luego, con la decisión de atar los haberes exclusivamente al IPC; y finalmente, con la licuación deliberada de los bonos que complementaban a las jubilaciones mínimas. El resultado es un sistema que ya no pierde contra la inflación, pero tampoco tiene ninguna chance de recuperar lo perdido.
Según CEPA, si bien la nueva fórmula permitió una recuperación parcial tras el derrumbe del primer trimestre de 2024, el balance a mediano plazo es contundente: la fórmula derogada por Milei hubiera sido claramente superior. De hecho, en septiembre y diciembre de 2024, y en marzo, junio y septiembre de 2025, los aumentos previstos por la Ley 27.609 habrían superado a los efectivamente otorgados. La comparación de diciembre de 2025 es elocuente: con la fórmula vigente, la jubilación mínima sin bono alcanzó los $340.886, mientras que con la anterior hubiera llegado a $434.279, un 27,4% más.
El golpe es aún mayor cuando se incorpora el rol del bono previsional. Desde marzo de 2024, el adicional de $70.000 que percibía el 70% de los jubilados quedó congelado. Mientras los haberes crecieron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono apenas aumentó 101%. Si ese refuerzo se hubiera actualizado al mismo ritmo, debería haber sido de $177.485 en diciembre de 2025, más del doble del monto actual. La licuación fue una decisión política con impacto directo en los ingresos reales.
El deterioro se refleja con claridad en la comparación trimestral, metodológicamente adecuada por la dinámica de la fórmula anterior. En el período octubre-diciembre de 2025, las jubilaciones sin bono quedaron 2,3% por debajo del último trimestre del gobierno previo, mientras que las que dependen del bono se desplomaron 16,8%. En otras palabras, cuanto más baja es la jubilación, mayor es la pérdida.
El informe también pone el foco en lo que no fue. La Ley 27.756, aprobada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, incluía una recomposición inicial del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual para capturar mejoras reales de los salarios. Del mismo modo, la norma sancionada en julio de 2025 —también vetada— contemplaba un aumento excepcional, la actualización del bono a $110.000 con ajuste por inflación, la prórroga de la moratoria previsional y mejoras sustanciales en la PUAM.
Nada de eso ocurrió. En marzo de 2025 venció la moratoria previsional y el Gobierno decidió no prorrogarla. El efecto es inmediato y profundo: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad jubilatoria ya no podrán acceder a una jubilación plena y deberán conformarse con la PUAM, equivalente al 80% de la mínima y sin derecho a pensión.
El diagnóstico del CEPA es claro: al atar las jubilaciones únicamente al IPC, el Gobierno congeló el ajuste en un piso bajo. No hay derrumbe nominal, pero tampoco recuperación posible. En un país con salarios que intentan recomponerse y con precios que siguen tensionando el consumo, el sistema previsional quedó convertido en una variable de ajuste permanente, con millones de jubilados condenados a mirar cómo el paso del tiempo no trae mejoras, sino apenas la confirmación de una pérdida ya consolidada.