La difusión del supuesto secuestro de Nicolás Maduro vuelve a exponer una lógica histórica de intervención en América Latina. Sin defender al mandatario venezolano, el episodio obliga a mirar con atención una política exterior que dice combatir autoritarismos mientras tolera —y hasta inspira— atropellos a los derechos laborales y democráticos en la región y en la Argentina.
La noticia del secuestro de Nicolás Maduro, anunciada con tono triunfal por Donald Trump y amplificada por gobiernos aliados, sacudió el tablero político latinoamericano. Más allá de la veracidad, las formas o el desenlace del episodio, el mensaje fue claro: Estados Unidos vuelve a arrogarse el rol de juez, jurado y ejecutor en la región. No es un dato menor que el anuncio haya sido celebrado como un acto de “liberación”, aun cuando implique una violación flagrante de la soberanía de un país.
No se trata, vale aclararlo, de defender a Maduro. Su gobierno acumula denuncias por persecución política, manipulación electoral y deterioro institucional. Venezuela atraviesa una crisis profunda que no puede explicarse únicamente por factores externos. Pero una cosa es denunciar un régimen autoritario y otra muy distinta es naturalizar operaciones de fuerza encabezadas por una potencia extranjera que, históricamente, ha dejado más heridas que soluciones en América Latina.
La política de Trump hacia la región no es nueva ni improvisada. Responde a una lógica de disciplinamiento geopolítico donde la democracia es invocada solo cuando coincide con los intereses de Washington. La historia reciente está plagada de ejemplos: sanciones económicas que castigan a los pueblos, apoyos selectivos a gobiernos afines y silencios cómplices frente a violaciones de derechos humanos cuando el alineamiento político está garantizado.
Esa doble vara no se agota en Venezuela. También se proyecta, de manera indirecta pero efectiva, sobre países como la Argentina, donde el discurso de la “libertad” se traduce en políticas que avanzan sobre derechos conquistados. En nombre del orden, del mercado o de la modernización, se naturalizan despidos, precarización laboral, límites al derecho a huelga y protocolos de seguridad que criminalizan la protesta social. No hace falta una intervención militar para erosionar la democracia: alcanza con vaciarla desde adentro.
El problema de fondo es cultural y político. Cuando la libertad se reduce a una consigna de mercado y la democracia se mide solo por su utilidad económica, los trabajadores pasan a ser una variable de ajuste. En ese marco, los atropellos a las organizaciones sindicales, la estigmatización de la protesta y la restricción de derechos básicos dejan de ser excepciones para convertirse en política de Estado.
Trump no inventó esta lógica, pero la lleva a su máxima expresión: una retórica agresiva, simplificadora, que divide el mundo entre “buenos” y “malos” según la conveniencia del momento. Esa narrativa encuentra eco en dirigentes locales que, mientras celebran golpes externos en nombre de la libertad, aplican puertas adentro recetas que debilitan el entramado democrático y social.
América Latina no necesita salvadores armados ni tutelajes extranjeros. Necesita más democracia real, más derechos y más soberanía. Y la Argentina, en particular, necesita discutir su rumbo sin importar modas ideológicas importadas ni aplausos de ocasión. Porque cada vez que la libertad se usa como coartada, los que terminan pagando el costo son siempre los mismos: los trabajadores y el pueblo.
Por Tomás Casanova
EL DELEGADO