El proyecto que el Gobierno envió al Congreso introduce cambios estructurales en vacaciones, jornada, remuneraciones, regímenes especiales, indemnizaciones y negociación colectiva. La comparación con la normativa actual muestra el alcance de una modificación que ya activó respuestas sindicales y anticipa un nuevo capítulo judicial.
El texto de reforma laboral promovido por el oficialismo no se limita a ajustar artículos dispersos: interviene en leyes centrales como la de Contrato de Trabajo, la de Empleo y la de Asociaciones Sindicales. El contraste entre lo vigente y lo propuesto permite dimensionar su impacto en la arquitectura del trabajo argentino y explica la inmediata resistencia gremial.
El paquete propone redefinir la base indemnizatoria, introducir modalidades flexibles de jornada, digitalizar procesos administrativos y modificar la escala de la negociación colectiva. También incorpora marcos específicos para sectores como casas particulares, trabajo agrario y plataformas digitales, históricamente atravesados por informalidad o vacíos normativos.
Las organizaciones sindicales ya anticiparon presentaciones judiciales por presunta inconstitucionalidad en varios artículos, una ruta similar a la que en 2023 frenó el capítulo laboral del DNU 70/23. El recuerdo de ese fallo del fuero laboral aparece ahora como un precedente clave.
Vacaciones
La legislación actual solo permite fraccionamientos excepcionales y mantiene un período legal entre octubre y abril sin posibilidad de ampliación. La reforma habilita dividir las vacaciones en tramos no menores a siete días, obliga a otorgarlas en verano al menos una vez cada tres años y permite extender el período por acuerdo. También fija que si se otorgan fuera del calendario legal se requerirá autorización de la autoridad laboral.
Banco de horas
Hoy la compensación está limitada y condicionada por los convenios. El proyecto abre la puerta a acuerdos escritos entre partes, exige registros detallados y habilita el cálculo por promedios semanales sin alterar los descansos mínimos.
Remuneraciones
En el esquema vigente, las propinas pueden integrar el salario y los adicionales variables tienden a consolidarse por continuidad. El proyecto excluye las propinas de la remuneración, reconoce componentes adicionales sin generar hábito y permite pagos en moneda extranjera, especie o alimentos. La digitalización de recibos y certificados médicos pasa a ser obligatoria.
Enfermedad y ausencias
Los certificados en papel siguen predominando y las altas parciales suelen generar conflictos. La reforma otorga plena validez a la certificación digital y condiciona la reincorporación a la existencia de alta definitiva, con remuneración proporcional para recuperaciones parciales.
Regímenes especiales
En casas particulares se propone un período de prueba de seis meses y recibos totalmente electrónicos. En el trabajo agrario, la iniciativa fija contratos permanentes con prueba de ocho meses y aviso de quince días para finalización sin causa, siempre sobre un piso salarial no inferior al mínimo. Para repartidores de plataformas plantea inscripción formal, aportes, cobertura social, derecho a rechazar tareas y preservación íntegra de propinas.
Indemnizaciones y créditos laborales
Mientras hoy hay criterios judiciales que incluyen SAC y vacaciones en la base, la reforma los excluye explícitamente y establece un tope del 67% del salario habitual. Además fija una actualización de créditos laborales por IPC más 3% anual.
Negociación colectiva y sindicatos
El régimen actual prioriza convenios de mayor ámbito y mantiene cláusulas obligacionales por ultraactividad. El proyecto invierte esa lógica y le da prioridad a los convenios de empresa, limita la vigencia de cláusulas salvo acuerdo expreso y sujeta las asambleas a autorización del empleador, sin pago salarial. A esto se suma un endurecimiento de penalidades ante bloqueos o tomas y una tutela sindical acotada a delegados titulares y candidatos con más del 5% de avales.
La comparación exhibe un punto de inflexión en el sistema laboral argentino. Para las centrales gremiales, la reforma representa una alteración profunda del equilibrio entre derechos, obligaciones y representación, y anticipa un escenario de conflictividad sindical y judicial a pocas horas de haber ingresado al Congreso.