Por Antonio D’eramo – iProfesional- La Casa Rosada avanza para poner fin a un mecanismo que permitió durante años mantener servicios sin licitación formal. Auditorías revelan que el “legítimo abono”, creado en 2001 como recurso de emergencia, hoy concentra hasta el 20% del gasto en algunos organismos del Estado.
El “legítimo abono”, figura creada para resolver pagos urgentes por servicios efectivamente prestados durante la crisis de 2001, se transformó con el tiempo en una práctica rutinaria dentro de la administración pública nacional. Lo que debía ser una herramienta excepcional para evitar el “enriquecimiento sin causa” del Estado se convirtió en un atajo administrativo que permite mantener contrataciones sin licitaciones concluidas.
De acuerdo con una investigación publicada por iProfesional, distintos organismos públicos convocan licitaciones que luego no se adjudican en los plazos legales, generando continuidades de hecho con los mismos prestadores. Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtieron que “el fenómeno se repite en áreas técnicas, productivas y sociales”, con servicios como mantenimiento, limpieza, seguridad y catering que continúan bajo los mismos contratistas.
Un caso emblemático es el de La Mantovana/Grub, empresa señalada por operar reiteradamente bajo la modalidad del “legítimo abono”. En 2024 fue denunciada por el Sindicato de Maestranza ante la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero— y la Agencia de Recaudación (ARCA), dirigida por Juan Pazo, por presuntas maniobras irregulares en el manejo de personal y aportes.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había advertido que una parte significativa de las contrataciones públicas se realizan fuera de los procesos competitivos previstos en los Decretos 1023/01 y 1030/16. En algunos organismos, el gasto en “legítimo abono” llega a representar más del 20% del presupuesto destinado a servicios de limpieza, con un puñado de empresas concentrando la mayor parte de los fondos.
Desde el Ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, reconocen que en muchos casos el uso de este mecanismo no obedece a emergencias reales, sino a demoras y descoordinación administrativa. Esa inercia, aseguran, expone al Estado a riesgos financieros y legales mientras encarece los costos por falta de competencia.
En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) abrió actuaciones para determinar si la reiteración de pagos bajo esta figura vulnera la normativa vigente. El objetivo es detectar patrones estructurales y fortalecer la transparencia del gasto público.
En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei decidió avanzar en la eliminación de los “legítimos abonos en serie”. Según fuentes oficiales citadas por iProfesional, se implementará un nuevo esquema de adjudicaciones con cronogramas claros, matrices de evaluación estandarizadas y trazabilidad total de cada contrato.
“Poner fin a esta práctica reducirá costos, mejorará la eficiencia del gasto y fortalecerá la credibilidad del Ejecutivo ante la sociedad”, señalaron desde el Gobierno. La administración pública, aseguran, inicia así una etapa de depuración para cerrar una de las prácticas más arraigadas del Estado argentino.