(Basado en una investigación publicada por el periodista Antonio D’Eramo en iProfesional)
En Córdoba, el discurso del “anticasteo” parece no haber calado en la gestión del gobernador Martín Llaryora. Mientras el movimiento Provincias Unidas intenta mostrarse como una alternativa al mileísmo y al kirchnerismo, las licitaciones provinciales siguen beneficiando a los mismos grupos empresarios vinculados al poder político.
La denuncia no proviene de rumores, sino de un patrón que se repite en la administración cordobesa. Según publicó iProfesional, pequeñas y medianas empresas locales reclaman que las obras públicas, así como los contratos de limpieza y mantenimiento de establecimientos estatales, terminan siempre en manos de los mismos adjudicatarios.
El senador Luis Juez, cercano a Javier Milei, fue uno de los primeros en ponerlo en palabras: “No se bancan una auditoría. Se reparten la plata con empresas amigas. Están construyendo obras millonarias con una mecánica absolutamente corrupta”. A pesar de estas acusaciones, Llaryora se defendió argumentando que en Córdoba “se hacen obras, se licitan y se controlan”.
Pero las evidencias parecen decir otra cosa. El caso más resonante es el de Lucas Dugatti y Tomás Romero, responsables de la empresa Kazaró, dedicada a limpieza y desinfección, que ha crecido vertiginosamente gracias a contratos con la Provincia y la Municipalidad de Córdoba. Según reconoció el propio Dugatti, “el 65% de nuestro negocio proviene del sector público”.
Dugatti, además, preside la Cámara Cordobesa de Empresas de Servicios Generales (Casege) y admite que su firma pasó de tener 600 empleados a 1.500 desde que Llaryora llegó al poder. Lo más llamativo es que la mayoría de sus contratos proviene del Estado, mientras el resto corresponde a clientes privados como la cadena de supermercados Súper Mami, propiedad del empresario Euclides Bugliotti.
Empresarios excluidos de las licitaciones aseguran que el crecimiento de Kazaró y otras firmas fue meteórico y que la competencia es apenas una simulación. Señalan como principales beneficiarias a Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L., que concentran buena parte de los contratos de limpieza y mantenimiento del Estado provincial.
A esto se suma un requisito que despierta sospechas: para participar en las licitaciones, las empresas deben presentar un libre deuda con el gremio Soelsac y con la propia cámara Casege, lo que en la práctica excluye a competidores independientes o en conflicto con estas entidades.
Las denuncias por favoritismos y falta de transparencia se acumulan en los organismos de control, alimentando la idea de un “capitalismo de amigos” que no distingue colores políticos y que tiene larga tradición en la Argentina. En Córdoba, incluso durante la pandemia, el tema ya había sido cuestionado: diputadas provinciales denunciaron que la tercerización de limpieza escolar implicó un gasto de más de 6.400 millones de pesos pese a las restricciones de actividad.
Hoy, con la mira puesta en las elecciones de 2027, el “cordobesismo” enfrenta el desafío de sostener su discurso de eficiencia y modernización mientras lidia con un entramado de licitaciones bajo sospecha.
En paralelo, el gobierno nacional recorta la obra pública con la bandera del déficit cero, mientras promete combatir la corrupción estructural. Dos modelos distintos que vuelven a chocar: el del ajuste sin gasto y el del gasto selectivo con amigos del poder.
Y en el medio, los ciudadanos cordobeses, que ya conocen el eslogan, vuelven a preguntarse si alguna vez la casta dejará de tener privilegios.