Con una advertencia tan cruda como realista, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, lanzó una denuncia estremecedora contra el gobierno de Javier Milei: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas”. La frase resume el dramatismo de una medida que para amplios sectores sociales y técnicos significa el abandono del Estado en la seguridad vial nacional.
La decisión del Ejecutivo nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a través de un decreto presidencial ya entró en vigor y pone en jaque a más de 5.500 trabajadores, dejando sin cobertura ni mantenimiento a 118 rutas nacionales y más de 40.000 kilómetros de trazas clave para la conectividad y el desarrollo económico del país.
La medida fue instrumentada por el presidente Javier Milei con el respaldo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y supone que las funciones de Vialidad pasarán al Ministerio de Economía y a una flamante “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”. Un organismo que, según denuncian los gremios, servirá de fachada para negocios con empresas amigas y liquidación de bienes del Estado.
“Esto no es una reorganización, es un desguace del Estado. Van por el patrimonio público y la vida de la gente”, denunció Aleñá en diálogo con la prensa, mientras alertaba que edificios, equipos viales, maquinarias pesadas y herramientas valuadas en cientos de millones de pesos ya comenzaron a ser inventariadas para su entrega a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Para eso sí son eficientes: para hacer negociados”, disparó.
Pero el drama va más allá del despido masivo. La dirigente fue categórica: “Este decreto sella el certificado de defunción de la seguridad vial. Las rutas pasarán a estar a la deriva, sin mantenimiento, sin inspecciones, sin planificación técnica ni control de calidad. Vuelven las rutas de la muerte”.
La medida forma parte del plan libertario de Milei de reducir al mínimo la estructura estatal, eliminando funciones clave bajo el pretexto de ineficiencia. Sin embargo, Aleñá desmintió uno a uno los argumentos oficiales. “Vialidad no se dedica solo a cortar pasto. Hacemos repavimentación, bacheo, señalización, control de pesos, mantenimiento invernal. Hay técnicos, ingenieros, topógrafos que dedican su vida a esto”, subrayó.
Además, acusó al Gobierno de haber generado deliberadamente el desfinanciamiento del organismo para luego justificar su eliminación: “El vaciamiento fue intencional. Es un esquema perverso: primero te dejan sin recursos, después te acusan de ineficiente y por último te cierran”.
Otro punto oscuro del decreto es el creciente protagonismo que se le otorgará a las fuerzas de seguridad en la fiscalización de obras y tareas de control. “Es un mensaje represivo. Quieren reemplazar técnicos por uniformados, y controles por negocios turbios”, afirmó Aleñá, quien no dudó en calificar a Milei y Sturzenegger como “responsables del genocidio vial”.
El traspaso de funciones al Ministerio de Economía es otra de las críticas más duras. “Se elimina el enfoque técnico y federal que garantizaba Vialidad. Ahora las decisiones las tomarán burócratas con planillas de Excel, sin pisar una ruta y sin entender la lógica territorial. Se pierde soberanía vial”, aseguró.
La sindicalista advirtió también sobre el impacto social y económico: “Cientos de pueblos se quedarán sin presencia del Estado, sin trabajadores calificados y sin obras que muchas veces eran el motor económico local. El impacto es devastador para el interior”.
Aleñá cerró con una frase lapidaria que suena más a grito desesperado que a consigna gremial: “El Estado deja de garantizar rutas seguras. Y cuando eso pasa, no hablamos de números, hablamos de muertos. Y los muertos van a ser los argentinos”.
Una tragedia anunciada que se empieza a escribir en el asfalto de cada ruta nacional abandonada.