La organización sindical repudió el decreto del Gobierno que deroga el feriado del 27 de junio, lo consideró arbitrario e inconstitucional y advirtió que no descarta medidas gremiales
En una ofensiva directa contra la decisión del presidente Javier Milei, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la entidad gremial conducida por Andrés Rodríguez, presentó ante la Justicia una medida cautelar de no innovar para frenar la eliminación del feriado por el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado. Lo hizo a través de un escrito firmado por su apoderada legal, la abogada Florencia Teuly, tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que deroga el artículo 2 de la Ley 26.876.
El decreto fue difundido el 26 de junio, apenas 24 horas antes de la fecha en que los trabajadores estatales conmemoran su día, lo que generó un fuerte malestar en la organización sindical. Desde la representación mayoritaria del sector público se calificó la decisión como “ilegal, intempestiva y arbitraria”, y se la acusó de violar no sólo la normativa vigente sino también principios constitucionales y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
En su presentación judicial, la entidad gremial solicitó al juez competente que ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar el DNU hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, a través de la acción de amparo que será interpuesta formalmente. La medida cautelar se pidió con carácter urgente, advirtiendo que la derogación del feriado afecta derechos adquiridos y genera un perjuicio inmediato e irreparable.
“La ilegalidad es manifiesta y el daño, inminente”, señala el escrito, que remarca que el decreto contradice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo salvo en circunstancias excepcionales, las cuales —sostiene la representación sindical— “no se configuran en este caso”.
Asimismo, la organización recordó que el Día del Trabajador Estatal fue establecido en 2013 por ley del Congreso, en conmemoración de la aprobación del Convenio 151 de la OIT sobre las relaciones laborales en la administración pública. “Durante más de una década, el 27 de junio fue un día de descanso reconocido legalmente, como ocurre con otros gremios como el comercio o la banca. El Gobierno lo borra de un plumazo y sin justificación alguna”, advirtieron.
En su comunicado oficial, la entidad gremial denunció una “política sistemática de desprestigio y vaciamiento del Estado” y advirtió que desplegará “todas las herramientas gremiales a su alcance” para defender los derechos de los trabajadores. “No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos sin responder”, afirmaron con dureza.
También se solicitó que se declare inconstitucional el artículo 10 de la ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado, por considerar que restringe las facultades del Poder Judicial y afecta la división de poderes.
La presentación judicial, extensa y con profuso respaldo jurídico, se basa en fallos previos de la Corte Suprema y de la Cámara Nacional del Trabajo que cuestionaron otros decretos similares por no cumplir con los requisitos de necesidad y urgencia.
En paralelo al camino legal, la entidad que representa a los trabajadores del Estado no descartó avanzar en un plan de lucha si la justicia no frena el avance del decreto presidencial.
SUGERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL:
La central del sector público consideró que la restitución del feriado no afectaría el interés general, ya que el 27 de junio continúa siendo considerado día inhábil administrativo para la ciudadanía. Por eso, pidió que se conceda la medida cautelar bajo caución juratoria y se respete el statu quo vigente desde hace más de diez años.