(Por Pablo Roma) – El gobierno libertario, en su empeño por reformar radicalmente el escenario político y laboral del país, ha iniciado una controversial campaña de disolución de los sindicatos. A la cabeza de esta cruzada se encuentra Claudio Alberto Aquino, un abogado con una vasta experiencia en asesoramiento de negociación colectiva, especialmente para empresas y cámaras empresariales.
Aquino, conocido también por ser el padre del humorista Guille Aquino de Blender, ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días debido a las acusaciones sobre las fuentes de financiamiento de su canal, vinculadas a La Libertad Avanza. Sin embargo, su figura es aún más polémica por su postura firme en contra del modelo sindical argentino, particularmente la unicidad sindical. Su tesis doctoral, titulada «Incompatibilidades del modelo sindical argentino con los principios y valores republicanos de un Estado de Derecho», es una muestra clara de su posición. Como era de esperarse, Aquino no ha otorgado ninguna personería gremial desde su nombramiento.
El resultado de esta política es la paralización completa del funcionamiento del Estado en lo que respecta a las asociaciones sindicales. La situación se agrava con los despidos masivos en el organismo, lo que ha llevado a una complejidad extrema en el funcionamiento básico de la entidad.
La gestión del denominado súper Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de la Licenciada en Familia Sandra Pettovello, ha sido objeto de fuertes críticas. En sus primeros seis meses, el ministerio no ha resuelto ningún trámite relacionado con las asociaciones sindicales, según lo refleja el Boletín Oficial. Desde el 11 de diciembre de 2023 hasta la fecha, los resultados de la búsqueda sobre asociaciones sindicales son inexistentes, lo que evidencia un bloqueo total en esta área.
La Secretaría de Trabajo, actualmente liderada por el abogado Julio Cordero, ha sido otro foco de inestabilidad. En este primer semestre del año, la secretaría ha visto pasar tres titulares y cuatro subsecretarios, mostrando la incapacidad de Pettovello para mantener un mínimo control sobre la situación.
Este panorama revela una administración que ha logrado récords negativos, con una parálisis institucional en un área crítica para los derechos laborales. La disolución de los sindicatos y la falta de resolución de trámites sindicales no solo muestran una postura ideológica firme, sino también una crisis de gestión que afecta directamente a los trabajadores y sus derechos.
La comunidad laboral y sindical del país observa con preocupación estos desarrollos, anticipando que las tensiones podrían escalar si no se encuentran soluciones que respeten tanto los derechos de los trabajadores como los principios republicanos de un Estado de Derecho.