En un clima de creciente tensión en el ámbito educativo, docentes y no docentes universitarios de todo el país iniciaron este lunes un paro nacional de 24 horas, como parte de una semana de protestas que se extenderá hasta el 15 de agosto y con acciones previstas hasta fin de mes. La medida, convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), apunta a exigir mejoras salariales urgentes y un incremento del presupuesto para las universidades públicas, en medio de un severo ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, describió la coyuntura como “el peor momento de los 40 años de democracia, incluso por debajo de lo que vivimos en 2001”. Según el dirigente, en 2024 los salarios del sector perdieron más de un 40% frente a la inflación y hoy continúan en caída con aumentos mensuales que rondan apenas el 1%, mientras los precios superan el 2%. “No solo los salarios están en retroceso, también los presupuestos universitarios y de ciencia y técnica sufren un recorte tremendo”, advirtió.
El malestar tiene cifras concretas. Ricci ejemplificó: “Un profesor universitario con dedicación exclusiva que recién empieza está cobrando $900.000 por ocho horas diarias. Con dedicación simple, apenas $200.000. No alcanza ni para el colectivo y un café el día que dan clases”. Y agregó: “Pasamos de tener en 2015 el salario más alto de Latinoamérica a tener el más bajo”.
Los gremios remarcan que la situación presupuestaria pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario y la producción científica del país. En ese sentido, celebraron la media sanción en Diputados del proyecto de financiamiento universitario y reclamaron al Senado su aprobación urgente. “Pedimos a los senadores que voten la ley para que no se destruya la universidad pública argentina”, sostuvo Ricci.
FATUN, que representa a los trabajadores no docentes y encabeza Walter Merkis, se sumó al paro denunciando el “alarmante deterioro del salario real” y advirtiendo que “sin salarios dignos, no hay universidad posible”. CONADU, por su parte, exige paritarias inmediatas, recuperación del poder adquisitivo y una mayor inversión en ciencia y tecnología, reiterando que “con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible”.
La protesta también incluye la solidaridad con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA), que demandan la normalización de la institución.
En paralelo, los gremios universitarios rechazan de plano las medidas de ajuste del Ejecutivo, como el veto a la ley de emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y el aumento limitado de las jubilaciones, que consideran parte de un plan que golpea directamente a los sectores más vulnerables.
Con las universidades públicas en el centro de la disputa, las medidas de fuerza buscan presionar al Gobierno para revertir el deterioro salarial y garantizar un financiamiento que permita sostener una educación superior pública, gratuita, de calidad y comprometida con el desarrollo del país.