La tensión crece en el sector del gas envasado. Los trabajadores del gas privado, nucleados en la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, lanzaron una seria advertencia: si YPF no abona el incremento salarial retroactivo pactado en paritarias, se paralizarán las salidas de garrafas desde las plantas distribuidoras, lo que podría generar un fuerte impacto en el abastecimiento, especialmente en zonas vulnerables del país.
El conflicto se centra en el incumplimiento del pago del 5,6 por ciento retroactivo correspondiente al último tramo paritario. Aunque las demás empresas del sector ya efectivizaron el incremento, la petrolera estatal se niega a hacerlo bajo el argumento de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologó todavía el acuerdo.
Desde el sindicato no dudan en calificar la postura de YPF como una decisión política en línea con la estrategia del Gobierno nacional de contener los salarios en un contexto inflacionario. En diálogo con este medio, Rubén Pérez, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Santa Fe, fue contundente: “Vamos a cortar las salidas de las plantas, aunque venga la Gendarmería a reprimirnos. Estamos haciendo asambleas en todos los lugares de trabajo para que los compañeros tomen conciencia. Esto no tiene causas económicas, es una decisión política de la empresa estatal, alineada con el plan del Gobierno de planchar los sueldos”.
Las asambleas comenzaron esta semana en distintas provincias y, de no haber respuesta inmediata, podrían escalar hacia un paro total de actividades en las plantas fraccionadoras, lo que dejaría sin reposición de garrafas a miles de hogares que dependen exclusivamente de ese insumo para cocinar o calefaccionarse.
Desde el gremio exigen una respuesta urgente por parte de YPF y una intervención directa de la Secretaría de Trabajo para destrabar la homologación del acuerdo. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores y los usuarios, en un país donde el 40 por ciento de los hogares no tiene acceso a gas natural por red.
La amenaza está lanzada y el impacto, de concretarse la medida, podría sentirse de forma inmediata en las economías regionales y sectores más postergados. Por ahora, reina el silencio oficial.