A partir del lunes, el aumento del combustible amenaza con paralizar el transporte para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. La UTBA denuncia la inacción del Gobierno nacional y exige un aumento urgente en la tarifa por kilómetro para evitar que miles de usuarios queden aislados y sin acceso a sus derechos básicos.
La Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) lanzó una advertencia desesperada: el sistema de traslado de personas con discapacidad está al borde del colapso. El motivo es la indiferencia del Gobierno nacional, que desde enero mantiene congelada la tarifa del kilómetro en $541, mientras los costos se disparan con la suba imparable del combustible.
El aumento que regirá desde el lunes próximo será un nuevo golpe mortal para el sector. El gasoil, que a comienzos de año costaba $300, ahora trepó a $1.700 por litro, lo que representa un incremento del 467%. Una suba descomunal que no fue acompañada por ningún tipo de actualización tarifaria.
“Estamos en una situación límite, el servicio no puede sostenerse con esta tarifa ridícula. Si el Gobierno no reacciona, miles de personas con discapacidad quedarán sin transporte y, por lo tanto, sin acceso a terapias, escuelas y centros de rehabilitación”, advirtieron desde la UTBA.
El reclamo es concreto: que se aumente de manera inmediata la tarifa del kilómetro, tal como lo establece la normativa vigente, y que se garantice el cumplimiento efectivo de la ley que reconoce el derecho al transporte de personas con discapacidad.
El sector recuerda que el transporte es el primer eslabón de la cadena que asegura la inclusión y el acceso a derechos básicos. Sin movilidad, no hay terapias, no hay educación, no hay atención médica. Lo que está en juego no es una cuestión de números, sino la dignidad de miles de familias.
Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en su política de ajuste brutal, son los sectores más vulnerables los que pagan el precio. La UTBA denuncia que la falta de respuesta oficial constituye un acto de abandono que roza la discriminación.
El escenario no puede ser más alarmante: si no hay una medida inmediata, a partir de la semana próxima el transporte para personas con discapacidad podría paralizarse en gran parte de la provincia, generando un daño irreparable.
La UTBA exige que se cumpla la ley, que se respeten los derechos y que se deje de ajustar sobre quienes menos tienen. “No pedimos privilegios, pedimos lo justo. Pedimos que el Estado garantice lo que la ley manda: el derecho al transporte para personas con discapacidad”, remarcaron los representantes de la entidad.
En medio del ajuste y la crisis social que golpea a la Argentina, el mensaje de los transportistas es claro: si el Gobierno no actúa, el aislamiento de miles de personas con discapacidad será responsabilidad directa de la gestión de Javier Milei.