(Por Redaccion ELDELEGADO) – El paro de transporte del pasado lunes marcó más que una simple jornada de protesta; dejó al descubierto una grieta profunda en la CGT, exponiendo la tensión entre un sector dialoguista que busca acercarse al nuevo gobierno de Javier Milei y otro grupo, liderado por los gremios del transporte, que permanece fiel a la defensa de los derechos históricos conquistados bajo la bandera del peronismo. La ruptura entre ambas facciones no es casual, sino el reflejo de un sindicalismo que, frente al giro libertario de la actual administración, se debate entre el pragmatismo y la lucha directa.
La CGT, hoy fragmentada en posturas divergentes, tiene dos caras que representan visiones muy distintas sobre el rol que debe tener el sindicalismo frente a un gobierno que promueve políticas de ajuste y liberalización del mercado laboral. Por un lado, los dirigentes dialoguistas, como Héctor Daer de Sanidad, Armando Cavalieri de Comercio y Gerardo Martínez de la UOCRA, prefieren mantener una relación más cercana y negociadora con el Ejecutivo, evocando el alineamiento con el gobierno de Carlos Menem en los años 90. Este grupo argumenta que “Milei está haciendo lo que prometió en la campaña y lo que la gente votó”, justificando así su disposición a negociar a cambio de beneficios concretos que, esperan, los fortalezcan en la esfera sindical.
Sin embargo, del otro lado está el sector combativo, encabezado por figuras como Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (Pilotos) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes lideraron la reciente protesta del transporte. Estos dirigentes han decidido desafiar el liderazgo de Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuestionando la postura conciliadora de Sasia y, en su lugar, impulsando una agenda de lucha directa. Su postura no solo es una reivindicación de la histórica defensa del trabajo y los derechos, sino también una señal clara de que no aceptarán sin resistencia la liberalización que propone el actual gobierno.
En este contexto, Moyano y sus aliados representan la cara más dura del sindicalismo, que mantiene viva la memoria del peronismo en su esencia combativa. Su rechazo a sentarse a negociar con Milei y su enfoque en la protesta permanente lo alinean con una base sindical que todavía ve en el peronismo un bastión para la clase trabajadora y que rechaza la idea de un “nuevo sindicalismo” dócil ante las reformas estructurales del Gobierno.
Las posturas de los moderados, por otro lado, reflejan una estrategia pragmática, en la que la CGT busca conservar su influencia institucional a través de concesiones. Este sector argumenta que, en lugar de desafiar directamente al Gobierno, es preferible “colaborar” y evitar confrontaciones abiertas. Esperan que esta actitud rinda frutos, quizás con beneficios para sus afiliados o con políticas sectoriales más favorables. No obstante, esta estrategia tiene el riesgo de alienar a aquellos trabajadores que se sienten traicionados por un sindicalismo que perciben como alejado de sus intereses y demasiado cercano al poder.
El lunes próximo, cuando los miembros de la CATT se reúnan, no será solo una discusión gremial más. Será un nuevo capítulo en la disputa por el rumbo del movimiento obrero argentino. La fractura en la CGT plantea una pregunta inevitable: ¿puede el sindicalismo realmente defender a los trabajadores bajo un modelo de colaboración con un gobierno de corte libertario, o es necesario un retorno a la lucha intransigente?
El movimiento obrero está en una encrucijada, y mientras el sector dialoguista sigue esperando recompensas por su acercamiento al poder, el ala combativa liderada por Moyano y otros dirigentes del transporte continúa apostando a la protesta como la única herramienta efectiva para frenar el avance de políticas que consideran lesivas para la clase trabajadora. Esta tensión marca una época en la que el sindicalismo deberá definir si la defensa de sus conquistas históricas se negociará o se peleará en las calles. Lo que está en juego, al final, no es solo la estabilidad de una central obrera, sino el futuro mismo de los derechos laborales en Argentina.